LAS COMANDANCIAS GENERALES Y EL PODER EJECUTIVO

Escribe: Alan Torrico Lapoint

Gral Brig EP (R)

 

En estos casi 32 años del cambio de las reglas de juego para la elección y manipulación de la administración de las Comandancias Generales me atrevería a decir, sin lugar a duda, que el saldo fue negativo, se hace necesario su revisión por el Congreso estableciendo los candados respectivos para evitar nuevamente vivir las aventuras políticas de los últimos meses

 

 

En la actualidad los peruanos volvemos a ser testigos de la intervención de la política en el normal funcionamiento de la Policía Nacional del Perú, al pretender utilizar sus activos humanos, físicos y cognitivos para favorecer a un gobernante de turno y socavar a nuestra democracia, manoseando groseramente, ascensos, bajas, cambios de colocación y orientación de sus principales recursos en favor de intereses de una organización criminal, cuyo único fin era perpetuarse en el poder y continuar realizando las acciones dolosas, con la intención de intervenir en los principales organismos del estado como es la PNP, Fiscalía de la Nación, Congreso de la República, Fuerzas Armadas etc.; reemplazándolas o modificándolas de acuerdo a sus propios fines al mismo estilo de los regímenes dictatoriales de América Latina.

La interrogante ahora es ¿desde cuando se empieza a permitir la interferencia en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que trabajen como entes adictos a los gobiernos de turno?

El 11 de diciembre de 1991 mediante el Decreto Legislativo 752 aprueba la Ley de situación militar se le otorga la prerrogativa al presidente de la república para designar al Comandante General de los respectivos institutos entre los tres generales o almirantes más antiguos de su respectiva institución; el tiempo de permanencia en sus puestos era de entera voluntad del presidente de la república. Justamente el 20 de diciembre de ese mismo año se designa como Comandante General del Ejercito del Perú al general de división Nicolás Hermoza Ríos, siendo entre sus primeras acciones criticadas estuvo mandar al retiro a generales que podían sucederlo.

El general Hermoza Ríos permaneció en la Comandancia General del Ejercito desde el 20 de diciembre de 1991 hasta el 20 de agosto de 1998, es decir casi ocho años en el puesto, sumado a este cargo la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; pudiendo inclusive permanecer más tiempo en el puesto si es que sus ambiciones personales no se hubieran contrapuesto contra los intereses del presidente de la república

Hace escasos meses el Perú ha sido testigo de la casi aniquilación de su sistema democrático, intentando emplear el poder que la nación a otorgado a las FFAA y PNP para lograr este cometido y es justamente que las FF.AA. se sobrepusieron a las ilegales ordenes formuladas por un mediocre  aspirante de dictador comunista, que fuera de toda ideología se comportaba como cabeza de una organización criminal; “estuvimos muy cerca de caer en un profundo hoyo del cual no hubiéramos podido salir” y es gracias a la consiente voluntad democrática y compromiso de amor a la patria que  de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional impidió que estos gánsteres pintados de “rojo comunistas” convirtieran al Perú en un anexo de Cuba y Venezuela.

La pregunta inicial sigue en pie y más bien incrementada ¿se podrá repetir de nuevo este tipo de amenaza? Desgraciadamente la respuesta es un categórico “SI” y si porque las leyes creadas durante el primer gobierno de Alberto Fujimori así lo pensaron y ejecutaron.

En los siguientes gobiernos que abarco el periodo entre Valentín Paniagua y Pedro Castillo (32 años) no revirtió el daño ocasionado por la ley de situación militar de 1991, más bien se sirvieron de esta; no respetando las antigüedades de los cuadros de oficiales Generales y Almirantes, truncando carreras y vidas y sobre todo utilizando a las FFAA y PNP a sus propios intereses partidarios contrarios a los interés nacionales, manipulando groseramente los cuadros de mérito de los oficiales más antiguos de los institutos, pasando a la situación militar de retiro a sus mejores cuadros sin ninguna causal manifiesta; era simplemente en calzar la antigüedad de los Generales y Almirantes hasta encontrar aquellos que eran propicios a los intereses políticos de los presidentes.

Con la salida del presidente Fujimori la ley de situación militar volvió a ser modificada en lo relativo a la permanencia en el tiempo de los comandantes generales y sobre la elección del jefe del Comando Conjunto de las FFAA, pero manteniendo la esencia o núcleo duro de la ley de 1991, permitiendo a los presidentes de la Republica elegir a los Comandantes Generales entre los más antiguos. Se ha podido presenciar como los méritos profesionales de los Generales y Almirantes no eran los aspectos más relevantes para la elección de los Comandantes Generales.

Las relaciones de parentesco, amistad, promesas o prebendas hecha por los aspirantes al cargo, sopesaban mucho más que los méritos acumulados durante toda una vida profesional; de la noche a la mañana eran pasados al retiro a excelentes Generales y Almirantes que por mérito propio debían haber llegado a las comandancias de sus institutos para así preparar el camino al aspirante favorito del régimen, esta situación distorsiono notablemente la cultura organizacional de los institutos y la excepción se convirtió en la norma, colocando en serio riesgo la gobernabilidad del país; siendo el caso crecidamente escandaloso el sucedido en el 2021 durante el gobierno de Francisco Sagasti en donde se pasó a retiro en forma intempestiva a los 19 Generales más antiguos de la Policía Nacional para colocar justamente a la persona que el régimen había elegido, atropellando todo tipo de derechos y sacándole la vuelta a la ley, argumentando excusas de orden moral para su decisión, situación que ha sido denunciado ante la justicia y que se espera un pronunciamiento al respecto.

Las causales de pase al retiro de un oficial General o Almirante están enmarcadas dentro de la propia Ley de situación militar o policial mediante el establecimiento de junta evaluadora del propio instituto quien determina los móviles para este acto administrativo, como los son: los años de servicio, el futuro potencial profesional, medidas legales o disciplinarias, aspectos que son ponderados mediante un proceso que está enmarcado dentro de un cronograma anual, el mismo que es aprobado por el más alto nivel; cualquier acción fuera de este proceso se podría considerar ilegal aunque los gobiernos han tratado de justificar su cuestionado accionar mediante burdas interpretaciones a las prerrogativas presidenciales, que ha todas luces esta acción esta fuera de la legitimidad.

La cereza del pastel la ha tenido el corrupto gobierno de Pedro Castillo en el cual trato de imponer ascensos en las FFAA cuya oposición le costó el puesto al General José Vizcarra, Comandante General del Ejército de entonces; la delirante y escandalosa depuración o purga de los cuadros de la Policía Nacional con el fin de transformarla en una policía política al estilo de Venezuela o Cuba, atentando contra toda lógica democrática y sometiendo al país a las decisiones de una banda delincuencial lo que llevo a los otros poderes del estado como del ministerio público a realizar la diligencias pertinentes exponiendo ante la opinión pública la podredumbre o pestilencia del poder ejecutivo; Castillo no dudo ni por un instante intentar usar a la Policía Nacional para intimidar la labor de la fiscal de la nación.

Pedro Castillo se vio atrapado en el complicado laberinto que su gobierno había generado, la avalancha de evidencias comienzan a aplastarlo, la inestabilidad de régimen lo coloco en una situación sumamente precaria y opto por la misma forma de acción que eligió Alberto Fujimori en año 1992 mediante la realización de un intento de golpe de Estado, que debía contar con el adepto apoyo de las FF.AA, apoyo que finalmente no se consiguió y como consecuencia de ello el desmoronamiento de su gobierno como la caída de un castillo de naipes.

¿Permítanme realizar un ejercicio hipotético al pensar que hubiera pasado si es que las FF.AA. le hubieran dado su respaldo a la intentona de Castillo? La respuesta serie una de las peores desgracias que hubieran asolado a nuestra amada patria; ya que el principal pilar de la ideología “castillista -cerronista” radica en la ideología del “ODIO”.

 

La corrupción es un producto de la falta de institucionalidad en el país, la precaria construcción de los organismos del Estado carentes de una verticalidad, disciplina, cultura organizacional basada en principios y valores la hacen permeable a la informalidad y al patrimonialismo,

La agudización de las contradicciones se hubiera materializado en persecuciones y purgas, la implantación de una corrupta tiranía nos hubiera convertido en una nueva Venezuela o Cuba o en el peor de los casos en un país “polpotiano”; la evidencias de estos hechos radica en pruebas concretas vistas en las numerosas cesiones descentralizadas del consejo de ministros, cuyo único objetivo era el alimentar el fuego del odio entre peruanos, preparando y movilizando grupos de radicales que se encargarían de hacer sangrar al país, así como un más de una oportunidad el ex premier Aníbal Torres lo menciona al describir que “Correrán desde los cerros ríos de sangre”.

Las FFAA y PNP como instituciones castrenses se supieron mantener firmes ante el ímpetu de una loca aventura golpista, la democracia actual les debe gratitud a esa templanza, al cumplimiento de la ley o sobre todo a su sentido común, sentido que fue alimentado por generaciones de miles de militares y policías que ofrendaron sus vidas, el bienestar de sus familias o su integridad física para la conservación de la libertad, soberanía y paz social que el país demandaba, nos queda mucha camino por andar todavía.

La amenaza violentista aún persiste, el VRAEM con el narcoterrorismo, la agitación política en el sur andino alimentada por factores exógenos como el nuevo socialismo sudamericano promovido por Evo Morales, el creciente crimen organizado, la minería ilegal, estimo, son la principal amenaza a esa ansiada paz social, sin dejar de lado la reducción de los márgenes de pobreza y acceso a una educación  y salud de calidad se realizarían mayormente con la generación de riqueza.  Riqueza que debe ser administrada y distribuida, alejada del lastre de la corrupción que no es más que una sangría que nos debilita y envenena.

La corrupción es un producto de la falta de institucionalidad en el país, la precaria construcción de los organismos del Estado carentes de una verticalidad, disciplina, cultura organizacional basada en principios y valores la hacen permeable a la informalidad y al patrimonialismo, no permitiendo conducir a los más brillantes y adecuados profesionales a cargos de mayor relevancia en el manejo estatal; hemos estado acostumbrados a observar como muchas de las decisiones gubernamentales son tomadas por caprichos y ambiciones, sin un fin o meta a largo plazo, es decir sin un objetivo nacional,  manejando el estado en sus tres niveles (nacional, regional y local) de manera coyuntural.

Las instituciones castrenses son como una armónica y lógica pieza de relojería, la cual tiene un sentido de movimiento, y el hacerlas girar en un sentido contrario termina por estropear su lógico sistema, esto es lo que paso

 

Las FFAA y PNP, desde mi punto de vista, son las instituciones más democráticas que existen, ya que la diferencia entre un simple conscripto y un Comandante General está en el tiempo y en el trabajo, es decir un sistema meritocrático, en el cual se califica y se promueve al más idóneo, la propia estructura del sistema aplica la limpieza a los que no merecen el honor de pertenecer a estas instituciones. Este sistema meritocrático permite ascensión social a cualquier ciudadano, sin importar su origen.

Todo esto puede sonar a irreal en estos momentos, pero hasta antes del 20 de diciembre de 1991 era así, la cultura organizacional de las instituciones imponía que las decisiones fueran tomadas en forma colegiada y cada uno de los Comandantes Generales tenían por sentado el día que debían abandonar el puesto y que la continuación de las metas y objetivos se debían de seguir cumpliendo, siendo mucho más difícil la permeabilización de interés políticos particulares dentro de las instituciones.

En estos casi 32 años del cambio de las reglas de juego para la elección y manipulación de la administración de las Comandancias Generales me atrevería a decir, sin lugar a duda, que el saldo fue negativo, se hace necesario su revisión por el Congreso estableciendo los candados respectivos para evitar nuevamente vivir las aventuras políticas de los últimos meses o los caprichos presidenciales de los gobiernos de turno para beneficiar a alguien en particular.

Las instituciones castrenses son como una armónica y lógica pieza de relojería, la cual tiene un sentido de movimiento, y el hacerlas girar en un sentido contrario termina por estropear su lógico sistema, esto es lo que paso y seguirá pasando si es que no llevamos al relojero al ya estropeado reloj. A pesar de todo el destino ha sido generoso con el Perú, las FFAA y PNP cuentan todavía con cuadros fuertemente imbuidos del sentido del honor y del deber, pero no siempre la diosa de la fortuna podrá estar de nuestra parte, caminamos por el borde del abismo y estuvimos a poco de caer si no hubiera sido por el sentido común colectivo de nuestras instituciones castrenses y puedo finalizar este artículo que a pesar de que no les guste escuchar esto a algunos políticos.  “En la Practica las Fuerzas Armadas y policía Nacional del Perú siguen siendo instituciones tutelares de la Republica”