El aumento de la criminalidad en Perú y Latinoamérica no puede enfrentarse con medidas temporales como los estados de emergencia
Los estados de emergencia están regulados en muchos países de la región. En nuestro marco legal, esta figura se encuentra estipulada en la Constitución Política del Perú, en el artículo 137. Como régimen de excepción, suspende algunos derechos fundamentales de los ciudadanos por un tiempo determinado.
Los últimos gobiernos han activado este mecanismo como una solución de emergencia frente a problemas graves, como el de la seguridad ciudadana. Sin embargo, no resulta efectivo para abordar este problema, ni a mediano ni a corto plazo.
Ante la ola de violencia que afecta al Perú desde hace un quinquenio, especialmente en algunos distritos de Lima y ciudades del interior, el gobierno declaró estado de emergencia en estas zonas. La pregunta que surge es: ¿ha funcionado?
Antes de analizar la eficacia del estado de emergencia actual, es importante hacer algunas observaciones. Esta institución no está diseñada para estas situaciones. La inseguridad ciudadana crece constantemente, alimentando «negocios» criminales fuera del control del Estado, pese a los esfuerzos del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Este enfoque genera solo una percepción de seguridad y disuade al delincuente de forma limitada
Si no está diseñado para estas circunstancias, ¿Qué hacer? Una opción sería adaptarlo, modificando los dispositivos legales según las circunstancias e incorporando la inseguridad ciudadana como una categoría especial dentro del estado de emergencia. Esto crearía condiciones para su efectividad.
Se debería priorizar la política penitenciaria y establecer un juzgamiento especial para los delincuentes, evitando la justicia ordinaria. También sería necesario un plan por etapas con nuevas variables y otorgar a los gobernadores regionales la facultad de declarar el estado de emergencia en sus regiones sin depender del gobierno central.
Volviendo a la cuestión de su efectividad, considero que la declaración de estado de emergencia en algunas zonas del país no ha sido acompañada de una medición adecuada que demuestre su utilidad. Las condiciones actuales son limitadas y no permiten que esta medida sea realmente efectiva para controlar la situación de inseguridad.
El aumento de la criminalidad en Perú y Latinoamérica no puede enfrentarse con medidas temporales como los estados de emergencia. Se necesitan planes estratégicos, realistas y sostenibles que permitan recuperar el control de esta situación, acompañado de una gestión pública eficiente y enfocada en soluciones integrales.
