Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
Para lograr un cambio real, los arequipeños deben unirse en la búsqueda de una democracia más fuerte y transparente, no errando al momento de votar, tal como pasa desde hace décadas.
“Rechazamos la persistente corrupción e incompetencia de las autoridades públicas para atender los graves problemas que afectan a los peruanos en todas las regiones del país”, es la primera frase, de siete, de la Declaración de Arequipa, suscrita por 23 presidentes de cámaras de comercio del Perú, a fines de noviembre último, refleja un sentimiento de frustración generalizado ante este grave problema social que carcome nuestras bases de desarrollado, sumado a ello la inacción de nuestros líderes. Esta declaración, es un llamado urgente a la acción. La corrupción no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la pobreza y la desigualdad en todas las regiones del país.
La corrupción es un problema que se ha arraigado en la sociedad peruana y, de manera particular, en la ciudad de Arequipa, donde la percepción pública de la corrupción ha crecido considerablemente en los últimos años. La obra “Quiebre de la Democracia en el Sur”, publicada por la Universidad Católica de Santa María, ofrece un análisis exhaustivo de la situación, revelando cómo la corrupción no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también impide el desarrollo económico y social en la región.
Las encuestas realizadas en el sur del Perú muestran un creciente descontento ciudadano frente a la gestión de autoridades locales y nacionales. Los datos indican que más del 70% de los arequipeños considera que la corrupción afecta directamente su vida cotidiana y que las instituciones encargadas de combatirla son ineficaces.
Este descontento se traduce en una crisis de legitimidad de las autoridades, lo que alimenta un ciclo de desconfianza y apatía política, tal como se refleja en este texto que “el 99% de quienes viven en Arequipa no saben elegir”. Terrible pero real cifra.
En tan importante libro, el sentir de rechazo de los arequipeños para con sus autoridades es alto y la percepción es similar entre el empresariado, como ocurre a nivel nacional con nefastas gestiones que no ayudan a enfrentar graves problemas de la población y en especial cerrar brechas sociales.
La corrupción en Arequipa tiene múltiples causas, entre las que destacan la falta de transparencia en la gestión pública, la impunidad y la poca rendición de cuentas. Estas deficiencias estructurales permiten que se perpetúen prácticas corruptas, desde el soborno hasta el mal uso de los recursos públicos.
Las consecuencias son devastadoras: no solo se desvían fondos que podrían utilizarse para mejorar la infraestructura o la educación, sino que también se socava la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema democrático.
Además, este fenómeno negativo propicia un ambiente de competencia desleal en el sector empresarial, donde las empresas que no «juegan el juego» se ven desincentivadas a invertir o colaborar con el Estado. Esto limita el crecimiento económico y la creación de empleo en una región que necesita urgentemente tanto.
Para enfrentar esta problemática, se requieren acciones concretas y sistemáticas, entre las que sobresalen:
Fortalecimiento de instituciones: Es esencial reforzar las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción, dotándolas de recursos y autonomía. La creación de un ente independiente que supervise la gestión pública podría contribuir a una mayor transparencia.
Educación cívica:Implementar programas de educación cívica que sensibilicen a la población sobre sus derechos y deberes. Esto incluye fomentar una cultura de denuncia y participación activa en los procesos electorales y de gestión pública.
Transparencia y acceso a la información:Establecer políticas que garanticen el acceso a la información pública. Las plataformas digitales deben ser utilizadas para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a datos sobre la gestión de recursos y decisiones gubernamentales.
Colaboración entre sectores: La cooperación entre el sector público, privado y la sociedad civil es fundamental para combatir la corrupción. Las alianzas pueden impulsar proyectos que promuevan la transparencia y la ética en los negocios, en especial destrabando y acelerando aquellos que están esperando años.
Fortalecimiento de la justicia: Es clave garantizar que el sistema judicial actúe de manera efectiva y rápida en los casos de corrupción, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia, donde las disputas internas en este neurálgico poder del Estado sean dejadas de lado para fortalecer nuestra democracia.
La corrupción en Arequipa es un desafío que requiere un enfoque multidimensional. La lucha contra este mal no debe ser vista solo como una responsabilidad del Estado, sino como un compromiso colectivo de toda la sociedad.
Para lograr un cambio real, los arequipeños deben unirse en la búsqueda de una democracia más fuerte y transparente, no errando al momento de votar, tal como pasa desde hace décadas. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y definir el camino hacia un futuro más justo y equitativo.
La lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de ética; es una necesidad urgente para el desarrollo sostenible de Arequipa.