(El Montonero).- La posibilidad de una reforma tributaria que reduzca y simplifique el cobro de los impuestos en el Perú y, por lo tanto, se convierta en un verdadero shock a favor de la formalización de la economía y la sociedad, siempre aparece como un sueño imposible. De la misma manera, la posibilidad de que se desarrolle una reforma laboral que establezca flexibilidad en los contratos de trabajo, tal como sucede en los países desarrollados que alcanzan el pleno empleo, es otro sueño que parece irrealizable.
La demonización del sector empresarial es la causa de la burocratización
¿Cuál es la razón para que una sociedad que tiene una de las tasas más altas de informalidad en la región no avance en reformas para superar este flagelo? Si la informalidad de toda la economía sobrepasa el 60%, si la informalidad laboral sobrepasa el 75% de los empleos, ¿por qué este tipo de reformas parecen tan lejanas?
Por otro lado, los políticos, los partidos políticos, los medios de comunicación y los actores públicos no parecen interesados en avanzar en estas reformas. ¿Por qué? Además el desarrollo de la campaña electoral parece alejar la posibilidad de profundizar en estos temas.
En las últimas tres décadas en la sociedad peruana se ha impuesto el relato acerca de que “las empresas son la causa de los males nacionales y, por lo tanto, se requiere más Estado para equilibrar los daños que causa el sector privado”. La demonización de las empresas se produce no obstante que este sector aporta el 80% de los ingresos del Estado, provee el 80% del empleo en los mercados formales e informales y, según El Banco Mundial y los organismos multilaterales, explica la reducción del 80% de la pobreza total en las últimas tres décadas.
Bajo esa lógica el Estado necesita seguir creciendo para contener y regular los males que desata el sector privado. Allí está la explicación de la sobrerregulación y burocratización del Estado, la creación de 19 ministerios y el hecho de que el Estado consuma casi un tercio del PBI nacional de más de US$ 260,000 millones sin ofrecer mínimos servicios. En este contexto, ¿cómo va a ser posible una reforma tributaria para reducir impuestos? Imposible.
Algo parecido sucede con la posibilidad de una reforma laboral. En el Perú los costos no salariales suman más del 50% del salario y por una resolución del Tribunal Constitucional se establece la estabilidad laboral: el trabajador despedido puede optar por la reposición en el puesto en vez de la correspondiente indemnización. El resultado: más de dos tercios de los empleos en la informalidad, sin seguro de salud y sin posibilidad de jubilaciones. Una verdadera tragedia nacional.
La manera de resolver esta situación pasa por avanzar en una reforma laboral que –manteniendo los derechos sociales básicos- y establecer un régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucede en Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, países que logran alcanzar el pleno empleo y, paradójicamente, son las sociedades hacia las cuales emigran los trabajadores de los estados con estabilidad laboral plena.
¿Por qué no es posible una reforma laboral a semejanza de los contratos libres que se producen en los países desarrollados o en los mercados informales? Una vez más por el relato que demoniza a los empresarios como la fuente de todos los males, como los extractores de la plusvalía, en vez de los creadores de riqueza y del empleo en cualquier sociedad.
En el Perú se derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que establecía un régimen tributario promocional de 15% de renta y un sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo (reconociendo todos los derechos sociales) que desató el boom agroexportador de las últimas décadas. En vez de generalizar todos los criterios tributarios y laborales de la Ley de Promoción Agraria a toda la economía, el gobierno provisional de Sagasti optó por su derogatoria. Es decir, en vez de convertirnos en un Hong Kong continental optamos por acercarnos a la tragedia de Venezuela.