OPINIÓN/ Abandono del cargo

Escribe: Julio Ubillus Soriano.

 

La Constitución en el artículo 39º, señala que el Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en los servicios a la Nación y sus funciones están detalladas específicamente en el artículo 110º como Jefe del Estado y personifica a la Nación.

En el art. 118º en sus 24 incisos establece que le corresponde, entre otras funciones, dirigir la política general del gobierno, las relaciones internacionales, presidir el Sistema de Defensa Nacional, organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, dictar medidas extraordinarias mediante Decretos de Urgencia con fuerza de Ley y otras extraordinarias de acuerdo a la Ley Orgánica del Ejecutivo.

La presidenta Dina Boluarte, quien se realizó una intervención mera y simplemente cosmética, no hubiera sido autorizada por el Congreso, para designar transitoriamente a quien se encargue del gobierno, durante el periodo quirúrgico y post operatorio, porque en el País y en el mundo occidental, éste hubiera sido un acto totalmente ilegítimo.

Como vemos, constitucionalmente y por política del Estado, estas funciones son propias e intransferibles de un Presidente de la República, por lo tanto su continuidad no puede suspenderse bajo ninguna circunstancia ni un solo minuto, puesto que en su mandato está consolidada una infinidad de circunstancias y coyunturas que solamente el Ejecutivo puede resolver.

Es por ello que en todo régimen existe la delegación de funciones estructuradas y autorizadas en ausencia del Presidente por el Congreso de la República, para los fines específicos y bajo responsabilidad de ambos Poderes, por las graves consecuencias para el País, en caso de omitirse situación como la que estamos comentando.

La salud de un Presidente interesa primordialmente, para tomar conocimiento y las providencias del caso a fin no detener el destino de la función pública del Estado, es por ello, de quien asume la Presidencia no tiene vida privada como cualquier ciudadano, ya que su salud importa a toda la nación, basta nombrar que recientemente, siguiendo la doctrina política de protección de instituciones, se dio a conocer en boletín del Vaticano sobre el estado de salud del Papa.

La presidenta Dina Boluarte, quien se realizó una intervención mera y simplemente cosmética, no hubiera sido autorizada por el Congreso, para designar transitoriamente a quien se encargue del gobierno, durante el periodo quirúrgico y post operatorio, porque en el País y en el mundo occidental, éste hubiera sido un acto totalmente ilegítimo de rendir culto a una banalidad inaceptable para quien tiene la responsabilidad de atender a todo un Estado.

Razón por la cual conociendo sus obligaciones fundamentales como la primera funcionaria de la administración pública, lo hizo a ocultas, como casi siempre se hacen las cosas delictivas.

En esta gestión, no solamente intervino la presidenta, sino que también contó con la complicidad total y absoluta de su Consejo de Ministros.

Mintieron una vez más a la población, indicando que tuvieron agenda de despacho, que se comunicaban permanentemente con la misma, e inclusive que virtualmente tomaban decisiones; solo son mentiras para justificar la ausencia, cometiendo el delito de falsedad genérica y otros cargos de gravedad.

La suma de falsedades no termina con ello, ya que actuaron premeditadamente haciendo que la clínica encargada de esta cirugía plástica, licenciara por varios días a la mayoría de su personal para evitar la identificación de la Presidenta, reduciendo a lo mínimo necesario de su confianza, con la conciencia de que era ilícito su atención médica; y lo que es peor, probablemente se haya utilizado los servicios de la PNP, encubiertos y con vehículos sin identificación para resguardar con este operativo una seguridad no justificada legalmente.

Finalmente, el Congreso de la República, declinando en sus funciones de control, a pesar que en los pasadizos de los pasos perdidos, en comentarios de prensa, editoriales y comunicaciones, se hacía de conocimiento de esta imperdonable actuación política de la presidenta Dina Boluarte; dejó pasar por alto este grave hecho, que los hace cómplices al tratar de justificar al ausencia física con abandono de funciones por una pueril vanidad, con una falta de respeto absoluta a la población y a la ética política, que nos avergüenza internacionalmente