OPINIÓN/ ANOMIA POLICIAL
Por Julio Ubillus Soriano.
Un número considerable de congresistas y funcionarios del Ejecutivo, han venido manifestando insistentes críticas contra los representantes del Ministerio Público. El motivo de este enfrentamiento tiene su origen en el hecho que un importante número de Padres de la Patria es investigado por diversos delitos, los mismos que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación social.
Legislando el Congreso contra lo previsto en la Constitución en el artículo 159, en el cual se establece que los representantes del Ministerio Público son los titulares de la acción penal; promulgan la Ley 32130, del 10 de octubre de 2024, que da a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar delitos; modificando el Código Procesal Penal y estableciendo que la PNP puede realizar indagaciones preliminares de algunos delitos sin la necesidad de un fiscal.
Evidentemente, esta Norma Legal, lo que busca de alguna forma es influenciar en lo relativo de la PNP que dependen directamente del Ministerio del Interior, direccionando y manipulando las investigaciones, además de la fuga de información, anulación de los medios probatorios y aquellos otros elementos útiles para fijar responsabilidades o eliminarlas.
La opinión de respetables juristas y de prensa política especializada advirtió de esta absurda maniobra y los graves peligros para la administración de justicia especialmente en el tema penal.
Como era de esperarse, al poco tiempo de esta inconstitucional ley, fueron apareciendo, primero la incapacidad de los efectivos de la PNP para conducir investigaciones que requieren de pleno conocimiento jurídico; y lo que es peor es que la grave crisis moral salta a primera vista, basta con ver los últimos acontecimientos en que intervienen policías que extorsionan fraguando operativos, armas que se pierden y aparecen en manos de delincuentes, policías involucrados en homicidios, en tráfico de drogas, y otros delitos, en un franco abuso de poder facilitados por la Ley 32130.
Un hecho verdaderamente agraviante a la sociedad ocurrió hace pocos días, cuando un efectivo intervino a unos asaltantes, recibiendo un disparo en el rostro, y sus compañeros de la misma unidad policial, en un inhumano acto de rapiña, le robaron su celular y dinero en efectivo.
Estos agentes policiales no conocen la solidaridad que es uno de los valores humanos tradicionales, sin compasión y sin generosidad, sin cooperar y brindar apoyo a su compañero herido, en su peor momento de vulnerabilidad.
Este es el riesgo a que estamos sometidos todos los ciudadanos, pues este hecho no es aislado ni singular, agravando la seguridad por la inconstitucional legislación y otras similares promulgadas por el Congreso y sin oposición del Ejecutivo, quienes que para protegerse de sus numerosas infracciones típicas penales, no les importa poner en riesgo a la ciudadanía; resultando insólito que se tenga que marchar protestando para que el régimen derogue sus pésimas leyes y legisle normas que protejan a la población.