OPINIÓN/ El gran bonetón político, mientras la inseguridad campea

Escribe: Alberto Jordán Brignole

General PNP (r)

Está demostrado que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público no tienen la voluntad de unirse eficazmente para combatir la delincuencia que azota al país. Al contrario, parece que solo están jugando al “Gran Bonetón”, y al final nadie asume su responsabilidad

El “Gran Bonetón” es un juego infantil que, lamentablemente, hoy es practicado por los poderes y entidades del Estado que deberían combatir la delincuencia. En dicho juego, se decía: “No fui yo, fue el Gran Bonetón”, y al final nunca se sabía quién era el responsable. Hoy, desgraciadamente, estamos viviendo algo similar con el tema de la inseguridad ciudadana que afecta al país. Ya no es un juego de niños, sino uno que practican los poderes del Estado.

El Poder Legislativo, encargado de elaborar leyes y ejercer control político sobre las acciones del Ejecutivo, tiene la misión de coordinar con la Policía Nacional del Perú (PNP) para mantener la seguridad y tranquilidad públicas, y garantizar el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.

Además, la PNP tiene la tarea de prevenir, combatir, investigar y denunciar delitos y faltas previstos en el Código Penal, así como garantizar la seguridad ciudadana. El Poder Judicial, por su parte, está encargado de administrar justicia, mientras que el Ministerio Público debe conducir las investigaciones y ejercer la acción penal de oficio o a petición de parte.

Está demostrado que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público no tienen la voluntad de unirse eficazmente para combatir la delincuencia que azota al país. Al contrario, parece que solo están jugando al “Gran Bonetón”, y al final nadie asume su responsabilidad. Mientras tanto, las instituciones encargadas de la seguridad hablan de reformas, leyes y estrategias, llegando incluso al extremo desesperado de declarar el “Estado de Emergencia”. Sin embargo, esta medida no busca una solución real, sino más bien un calmante temporal para que la población crea que algo se está haciendo.

La medida de sacar a los militares a las calles puede ser peor que la enfermedad misma. Un soldado armado con un fusil de guerra, ¿qué puede hacer cuando un delincuente roba un celular? ¿Le disparará? ¿Qué pasará con el soldado o con su superior si actúan en un contexto que no es el de combate? Ya hemos visto casos como el de un policía que, por matar a un delincuente en flagrancia, fue sentenciado a 15 años de prisión y obligado a pagar una reparación civil.

La presidenta Dina Boluarte, como líder del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), debería convocar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Ministerio Público y a la PNP para que trabajen conjuntamente en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, su falta de liderazgo debilita cualquier intento de coordinación, y la delincuencia sigue creciendo. Las instituciones involucradas en aplicar la ley trabajan por separado, criticándose mutuamente sin buscar una verdadera solución.

La PNP hace grandes esfuerzos para combatir la delincuencia, pero su trabajo se ve frustrado cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial dejan en libertad a los delincuentes. Además, la PNP enfrenta una falta de recursos logísticos y tecnológicos que dificulta el cumplimiento de su misión. La pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo?