Para quienes hemos transitado varios años y en distintas etapas entre las bambalinas del Congreso de la Republica, debe asquearnos la forma cómo viene ventilándose el caso de la presunta “red de prostitución” endilgada a funcionarios, asistentes jurídicas y empleadas del Parlamento. Desde la audacia y temeridad para ponerle un título tan llamativo a lo que al día de hoy solo tiene como evidencia la convocatoria a puestos del legislativo de algunas profesionales jóvenes y físicamente atractivas. Un ensayo de discriminación al revés donde ambas condiciones parecieran excluir el nivel de competencia y dedicación que tales jóvenes pudieran haber desplegado en su corta experiencia pública.
Es cierto, que la visibilidad de esas contrataciones trajeron a colación dos hechos patéticos. Uno, los antecedentes oscuros del ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, sujeto que, en febrero de 2014, fue intervenido por la policía en Trujillo, acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. El 2019 tuvo una denuncia por violencia psicológica contra una mujer. Así mismo, en enero de 2020, fue acusado como responsable de dopar y violar a una joven que trabajaba para la campaña del exparlamentario de APP Luis Valdez.
Y dos, ciertamente el atroz asesinato de la abogada Andrea Vidal a manos de un sicario. Vidal, como se sabe, fue colocada en el centro de la atención sobre el supuesto caso de la red de meretricio sin más atribución que la de haber sido personal de confianza del impresentable Torres Saravia.
Sin embargo, quien haya seguido con detenimiento la entrevista realizada por Milagros Leiva a Alexandra Gil (amiga de Andrea en el Congreso y también sindicada como posible favorecedora sexual) en Willax poco antes de la Navidad, puede concluir sin equívoco que deliberadamente hubo una articulación de los investigadores oficiales destinada a evitar su testimonio.
Y el testimonio de Gil posee un tono contundente: “No hay ninguna prueba, no han sacado ningún chat. La única prueba es que era amiga de Andrea porque en un reportaje sale que ella contrataba a trabajadoras para hacer servicios sexuales, pero ¿cuál es la prueba que yo fui trabajadora sexual? ¿Cuál es la prueba de que yo estuve con algún congresista o funcionario? No hay, no hay nada”.
Y la sospecha sobre tales investigadores del Ministerio Público se duplican cuando este 02 de enero – casi un mes luego del reportaje periodístico imputador y 23 días después del asesinato de Vidal – procedieron al show del allanamiento de las oficinas congresales como si fueran a encontrar la piedra filosofal del tema.
El hilo conductor del caso no parece hasta ahora el atractivo de la prostitución (la que algunos parlamentarios sicalípticos no requieren, colgados en el imán al sexo opuesto o al propio debido a su poderoso como efímero cargo electivo) sino otro entramado al cual debería atenderse. Otra clase de favores que bien pudo conocer Vidal y que le costó la vida.
Red de hipocresía. Eso es lo que vemos a la fecha.
