El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que la ley, recientemente aprobada por el Congreso, que dispone el nombramiento automático de los docentes, que tengan más de 3 años como contratados, afecta la meritocracia.
Estamos estudiando todas estas normas que van a afectar la estabilidad macroeconómica, la caja fiscal y la meritocracia, y probablemente estemos presentando sendas acciones de inconstitucionalidad
“El nombramiento automático de docentes contratados va a afectar la caja fiscal y afecta algo importante que es la meritocracia. El Gobierno está nombrando profesores mediante concurso y los profesores estudian, se presentan y ganan la plaza a través de la meritocracia“, declaró ayer el jefe del Gabinete, desde la base contraterrorista Valle Esmeralda.
En ese sentido, el titular de la PCM señaló que desde el Ejecutivose evaluará dicha norma,así como otras leyes aprobadas por insistencia en el Congreso durante las últimas semanas que afectarían también el equilibrio presupuestal.
“Vamos a estudiar esta norma. Lo que quiero precisar es que existen otras normas, otras leyes, sobre todo que han sido aprobadas por insistencia por el Congreso de la República, que van a quebrar el equilibrio presupuestal y fiscal en el país“, señaló Otárola.
Añadió que el Ejecutivo está estudiando estas normativas recientemente aprobadas por insistencia en el Congreso y que se presentarán las acciones correspondientes ante el Tribunal Constitucional para que este resuelva el rumbo de las iniciativas legales.
“Estamos estudiando todas estas normas que van a afectar la estabilidad macroeconómica, la caja fiscal y la meritocracia, y probablemente estemos presentando sendas acciones de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional defina el rumbo de estas normas que requieren mas reflexión y ser estudiadas con mayor detenimiento” puntualizó.
Asimismo, aclaró que las observaciones realizadas por el Ejecutivo no corresponden a un “capricho”, sino que son resultado de los informes técnicos realizados por cada sector.
“Creo que tenemos que buscar un equilibrio, cuando una ley es expedida por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de observarla o no, y si se observa no es un capricho. Si se observa va aparejada de un informe técnico que viene de los sectores competentes para la efectivización de esa norma“, precisó.
