La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otras personas paguen, en forma solidaria, la suma de 422 millones 900 366 soles por daño patrimonial al Estado peruano, a raíz del caso Centro de Convenciones Lima.
La defensa legal de nuestro país también pidió que estas personas paguen, en forma solidaria, la suma de 1 millón 800 000 dólares por daño extrapatrimonial al Estado peruano por este caso.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó estas propuestas de pagos a favor de nuestro país dentro de la solicitud que hizo para constituirse como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria seguida al exmandatario y otros por este caso, la cual fue aceptada el último 14 de marzo por el juez Jorge Chávez Tamariz.
El magistrado determinó que la solicitud de Constitución en actor civil de la defensa legal del Estado cumple las exigencias formales previstas en el artículo 100 del Código Procesal Penal para ser aceptada.
La decisión del juez Chávez Tamariz habilita a la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato a pode solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil, a favor del Estado que se le pueda imponer a estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que les imputa la Fiscalía, a raíz de este caso.
La defensa legal de nuestro país precisa que el daño patrimonial se dio como consecuencia de los pagos indebidos y el no cobro de las penalidades; mientras que el daño extrapatrimonial está relacionado por la lesión a la imagen institucional del Estado.
Investigados
La Fiscalía investiga al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y los demás implicados por un presunto favorecimiento a la constructora brasileña O.A.S en el Proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima”, que se ubica en el distrito de San Borja.
El exmandatario y su esposa afrontan un juicio oral por presuntos aportes ilegales a las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011, por los que el fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se les imponga penas de 20 y 26 años y medio de prisión, respectivamente, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos.
