EL TC Y SUS “FAMILY AFFAIRS”

El Tribunal Constitucional tiene dos temas pendientes y delicados. El primero, que data de mediados de setiembre, es respecto a qué fue lo que realmente ocurrió con las presuntas amenazas denunciadas por la ahora presidenta del TC para que cambie su voto a favor de la libertad de Keiko Fujimori y, la segunda, la acusación contra el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, por “violencia psicológica” en contra de la secretaria general de esa entidad, Susana Távara. Líos de familia donde ni la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, y menos Transparencia han dicho nada. Tampoco la prensa oficialista. 

 

  • Denuncian a magistrado Eloy Espinosa Saldaña por maltrato psicológico
  • Han pasado más de 60 días y no se sabe nada de la denuncia de Presidenta del TC sobre presiones para emitir su voto a favor de Keiko Fujimori

Así las cosas, el TC tiene entre manos más de una bomba de tiempo, como bien señala hoy el periodista Ricardo Uceda, quien revela que la secretaria general, en plena sesión del Tribunal se desvaneció y tuvo que ser trasladada de emergencia a una clínica como consecuencia del accionar del magistrado mencionado.

En una sesión posterior, el pasado 5 de diciembre, Távara reveló a los demás integrantes del Tribunal que la causa de su desvanecimiento fue en virtud a que Espinosa Saldaña la humilló e insultó por más de 10 minutos, según da narra en su informe Uceda.

Constitucionalista e hija de Francisco Távara, a la sazón presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Susana Távara labora en el Tribunal hace 16 años y fue designada a su alto cargo en enero pasado con el voto unánime de los integrantes del TC.

La propia agraviada ha recordado que la Ley 30364 tipifica lo acontecido como hostigamiento de género y violencia psicológica. Espinosa Saldaña sólo ha admitido la ocurrencia de una discusión áspera, pero niega haber sido agresivo o irrespetuoso. El tema está ahí, pendiente (*)

Igual, la tensión continúa en los predios del Tribunal y la situación del magistrado sindicado por esta denuncia es incierta, por decir lo menos. Lo raro, insistimos, es que las autoridades que gustan de proclamarse defensores de los derechos no hayan dicho nada al respecto o que la prensa, salvo Uceda, mantengan un extraño silencio ante esta presunta agresión. Salvo, claro está, que se discrimine de acuerdo al color político del denunciado. ¿O no?

El CASO LEDESMA

El pasado 2 de diciembre, la doctora Marianella Ledesma Narváez fue elegida por mayoría de votos como flamante presidenta del Tribunal Constitucional (TC). Se trata, además, de la primera mujer elegida en el más alto cargo de esa entidad y su elección, según anotaron muchos entendidos, se debió a una jugada maestra de Augusto Ferrero, quien logró romper el bloque manejado hasta ese momento por Eloy Espinosa Saldaña.

Este último, daba por descontada su designación al frente de la máxima entidad encargada de la interpretación constitucional, de ahí que su descontento fue público y salió a los medios a tratar de menguar el golpe.

Sanmarquina, docente universitaria y otrora juez letrado, la doctora Ledesma se incorporó al TC en mayo del 2014, a propuesta de la bancada izquierdista Gana Perú; un grupo multipartidario integrado además del Partido Nacionalista del ahora investigado ex presidente Ollanta Humala, por otros líderes comunistas como  Verónica Mendoza y el desparecido congresista Javier Diez Canseco, entre otros.

Semanas antes de su designación, Ledesma denunció en el semanario Hildebrandt en sus 13 que había recibido presiones, de parte del Congreso, para que vote a favor de la liberación de Keiko Fujimori. Lo extraño de esa denuncia, y de la entrevista misma, es que nunca dijo –ni le preguntaron- quién o quiénes la habían conminado para direccionar su voto.

Días después, Carlos Ramos Núñez, también integrante del TC, salió a los medios a “confirmar” la grave denuncia. “La magistrada nos dijo que esa presión procedía del Congreso. No nos especificó el detalle, pero al menos yo era de la idea de que debía dar la versión completa. Y, es más, ante una situación como esa, presentar su denuncia ante el Ministerio Público”, señaló a la revista Caretas el magistrado.

La doctora Ledesma, sin embargo, optó por guardar extraño silencio y recién el pasado 7 de octubre, como informó Guik.pe ese día, la propia Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, remitió una carta a la magistrada a fin de que indique fecha, lugar y hora para tomarle su declaración respecto a su denuncia pública respecto a “los presuntos actos de presión política”.

No era para menos; No voy a ser infidente, pero es cierto. Me dijeron que lo ideal sería que todos salgamos de manera unánime, armoniosa, pacífica y consolidemos una posición en relación con este tema, y mi respuesta fue que eso era imposible”, había señalado en su entrevista al citado semanario.

Por si fuera poco, también sentenció que “El mensaje era una manera de evitar los cambios, era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el Tribunal”.

A poco más de 60 días en que la Fiscalía de la Nación ofició a la doctora Ledesma no se ha hecho público el avance de las investigaciones e, igualmente, ni la Defensoría del Pueblo, Oenges o la propia prensa oficialista ha vuelto a mencionar el tema. Extraño, muy extraño. Asuntos de familia, que le dicen.

(*) https://larepublica.pe/politica/2019/12/10/tribunal-constitucional-el-informante-lengua-espinosa-por-ricardo-uceda-susana-tavara-eloy-espinosa-saldana-violencia-de-genero-keiko-fujimori/

 

 

 

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