EL GASODUCTO PASA FACTURA AL GOBIERNO (CAPÍTULO 9)

Por César Gutiérrez

Resumen del capítulo 8

 La confesión sincera del señor Manlio Alessi Remedi, ex ejecutivo de la subsidiaria en Perú, de la francesa GDF Suez, que era miembro del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS), reconociendo haber recibido soborno de parte de Odebrecht, por la suma de 500 mil dólares; amerita que la fiscalía amplíe el interrogatorio al declarante.

Las preguntas en la diligencia sugerida, deben estar dirigidas a determinar algún sesgo de favoritismo de los miembros del Comité Pro Seguridad Energética (CPSE), de Proinversión, que tuvo a cargo el proceso, hoy procesados y con impedimento de salida del país.

Con las respuestas a ocho preguntas, que se detallan en ese capítulo, la fiscalía tendrá más elementos de juicio para las otras etapas del proceso. A estas alturas el tiempo apremia, porque la denuncia para pasar a una etapa preparatoria o determinar archivamiento vence el próximo 27 de febrero.

Situación complicada, en un momento donde el gobierno ha quedado muy mal parado luego de la presentación por parte de Odebrecht Latinvest, de una demanda arbitral con un requerimiento de pago por parte del Estado peruano, por la suma de 1,200 millones de dólares (MMUS$).

Manlio Alessi Remedi

SEMANA ACIAGA PARA EL GOBIERNO

El pasado martes 04, se conoció casi en tiempo real, que Odebrecht Latinvest SARL, (OLI LUX), domiciliada en Luxemburgo, había presentado una demanda contra el Estado peruano, ante el CIADI, exigiendo un resarcimiento económico de 1,200 millones de dólares argumentando trato arbitrario, vulnerando el Tratado Bilateral de Inversiones de Perú-Bélgica-Luxemburgo, del año 2005.

Gran alboroto, afirmaciones desde el Ejecutivo, Procuraduría y Fiscales del Caso Lava Jato, que era un hecho sorpresivo. Cinismo de grado supremo, desde el año 2017 se sabía que OLI LUX había iniciado un trato directo con el Estado, representado por el “Sistema de Coordinación y Repuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión” (SICRECI), que se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El trato directo es un requisito normativo para ir a un arbitraje internacional y tiene un tiempo de duración de seis meses. Por tanto, la gestión de OLI LUX, era de conocimiento del MEF. Ministerio de Justicia (MINJUS), Ministerio de Energía y Minas (MINEM); y todos ellos deben haber informado a través de la Procuraduría, al Ministerio Público (MP).

OLI LUX, no se quedó allí y publicó comunicado informando que había estado tratando sin resultados con funcionarios del gobierno, en una búsqueda de acuerdo que les permitiese recuperar no menos de los US$1,200 millones, que dicen haber invertido en el Gasoducto Sur Peruano entre julio del 2014 y enero del 2017. El tono era amenazante.

LA FALLIDA INTERVENCIÓN

El jueves 06, el titular del MINEM, Juan Carlos Liu, en entrevista al diario Gestión, afirmó que estaban trabajando aceleradamente para sacar adelante el proyecto GSP, vender los activos y con la recaudación pagar al CGPS. Justo lo que demandaba OLI LUX en su comunicado.

El domingo 9, la situación se agravó con las declaraciones del ministro Liu al programa Panorama de Panamericana TV, reconociendo dos cosas: que se había reunido anteriormente con representantes de OLI LUX, con la presencia del Procurador ad hoc Jorge Ramírez y con conocimiento de la entonces ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla.

Ana Teresa Revilla, exministra de Justicia.

El hecho produjo una caída en cascada de diversos funcionarios: el lunes 10, el ministro Liu, el miércoles, el Procurador Ramírez, el jueves por la mañana la ministra Revilla, y por la tarde, se juramentaron a cuatro nuevos ministros.

EL ESTADO CRÍTICO DEL CASO

El CGSP tiene a su favor dos frentes:

  • el arbitraje ya en curso desde junio del 2018, presentado por Enagas, que desde julio del año pasado ya tiene tribunal arbitral conformado; y desde agosto del 2019 la pretensión se ha fijado en US$1,980 millones. De hecho, la cifra cubre a todo el consorcio.
  • La demanda presentada el 04 de febrero último, por US$1,200 millones. Fácilmente puede retirar una. La última es la más probable y la otra seguirá en curso, pero ha puesto al gobierno en situación delicada. Están presionando por un acuerdo dinerario e insistirán, tienen necesidades de caja.

De negarse el gobierno, hay codinomes aún pendientes que generan pánico en el Ejecutivo. No solo eso, sino que comienza a hacerse público reuniones con autoridades que no se conocían, a lo que se adiciona las responsabilidades del Premier Vicente Zeballos, la titular de MEF, María Antonieta Alva y el propio mandatario Martín Vizcarra; que es increíble que no tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo.

EL ROL DE LA NUEVA MINISTRA

Ayer, 13 de febrero, juramentó la Ingeniera de Minas, Susana Vilca, como nueva Ministra de Energía Minas. Su experiencia es en el sector minero, de pequeña envergadura y artesanal que linda con el informal. No conoce en absoluto el sector energía y menos un caso tan complejo como el GSP.

Lo que tiene que tener claro la ministra, es que no puede haber acuerdo alguno, estamos hablando de cifras billonarias y se requiere legitimidad. En el caso del arbitraje planteado por Enagas se transita inexorablemente a la pérdida desde que el Estado decidió, en enero del 2017, gastarse 50  MMUS$ anuales, para preservar los bienes del gasoducto que no le pertenecen. Una herramienta que podrá ayudar es no renovar el contrato de custodia y reconocer que fue errada la decisión de preservarlos.

En el arbitraje por US$1,200 millones, lo que tendría que hacerse es defender a derecho por la no admisión de la demanda, un argumento se puede usar es que hay duplicidad de pretensiones, con la demanda de Enagas. A todo esto, la palabra la tendrá OLI LUX, si tiene información comprometedora para alguno de los miembros del gobierno, la usarán de Espada de Damocles.

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