EL GASODUCTO: MUCHO PAN POR REBANAR (CAPÍTULO 10)

Por César Gutiérrez

Resumen del capítulo 9

Se describe con detalle lo sucedido desde el pasado 04 de febrero, cuando se hizo de conocimiento público que Odebrecht Latinvest SARL (OLI LUX) con sede en Luxemburgo, presentó ante el CIADI una demanda contra el estado peruano por 1,280 millones de dólares (MMUS$), por trato discriminatorio.

Esta acción se sumó a la demanda presentada por Enagas SA, en el CIADI, en junio del 2018, por 1,980 MMUS$, por el valor contable neto de los bienes del gasoducto.

El ocultamiento de información por parte del gobierno, generó la caída del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu; la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla; el Procurador adhoc del caso, Jorge Ramírez y motivó que hubiese cuatro cambios en el gabinete del Premier Vicente Zeballos. El problema del doble arbitraje aún no se resuelve y mantiene en vilo al gobierno.

César Gutiérrez.

 EL PLAZO A PUNTO DE VENCER

El Juez de Investigación preliminar del caso, Juan Sánchez Balbuena, ha otorgado un plazo de diez días útiles, contados desde el pasado día 14, para que la fiscal Geovana Mori, presente argumentos para que el magistrado decida si continúa con investigación preparatoria. La fecha límite es el próximo 27 de febrero.

La fiscal Mori, ha reconocido en entrevista al diario Gestión (13.02.2020), que no se ha identificado pago dinerario alguno a los funcionarios que tuvieron a cargo el proceso, es decir, a los tres miembros del Comité Pro Seguridad Energética (CPSE), ni a los directivos de Proinversión, que son los ministros de la época. En esas condiciones no es posible realizar denuncia por cohecho. Sin embargo, la fiscal Mori señala que identifica tres delitos: colusión, negociación incompatible y lavado de activos.

En el caso de colusión, estaríamos hablando de posibles acuerdos de los representantes de Odebrecht (ODB) con Nadine Heredia y miembros del Ejecutivo para favorecer a la empresa brasileña.

La negociación incompatible, se configuraría por un supuesto interés indebido de funcionarios del Estado para favorecer a ODB. Finalmente, está el caso de lavado de activos, delito cometido por personas que habrían recibido sobornos, ya sea bancarizados o no; para apoyar a ODB y sus consorciadas.

Este es el único caso donde hay pruebas y todos los implicados pertenecen al sector privado. Supuestamente los fondos han sido de procedencia ilícita y habrían sido recibidos por los beneficiarios eludiendo pago de impuestos

LO QUE FALTA

La sectorización en tres áreas las actividades delictivas que se podrían haber cometido, conforme se ha reseñado, es correcta. El tema pendiente es identificar el hecho delictivo que se ha cometido para los casos tipificados como colusión y negociación incompatible.

Hay tres vías de análisis para identificar el delito de favorecer al Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP):

1) Análisis de las 22 circulares publicadas hasta antes de la firma del contrato. 2) Las posibles omisiones técnicas que se habrían hecho exprofeso para direccionar el concurso.

3) La descalificación del competidor.

En cuanto a las circulares, hasta el momento no he escuchado comentario alguno sobre el particular a los fustigadores del proceso, sería pertinente que lo hagan para enriquecer el expediente de la investigación.

Tampoco las cuestionaron en su momento los dos competidores del CGSP, donde ODB tenía participación mayoritaria; que eran el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS) y la empresa norteamericana Energy Transfer.

Sobre las supuestas omisiones técnicas, hay varios puntos por discutir: reservas, demanda, dimensionamiento del gasoducto, tasa de descuento utilizada para los cálculos dinerarios, costo constructivo, costos de operación y mantenimiento anuales y fijación de un ingreso anual garantizado.

Todos estos puntos serán materia de análisis en los capítulos siguientes, y a estas alturas es importante mencionar que esas condiciones eran aplicables a los tres postores sin distinciones.

Sobre la descalificación del CGPS, del cual ya me he ocupado anteriormente, y expresado mi conformidad de haberla realizado, hay una series de actos que necesitan un análisis más profundo que lo haré en otro capítulo.

Lo extraño es que el haber cursado una carta para que el CGPS retire el documento donde variaban la conformación del consorcio, motivo de la descalificación, no era un acto a favor de ODB, más bien iba en contra de ellos.

El retroceso en la decisión citada es tomado como favoritismo, discrepo de ese punto de vista. El problema es la actuación del abogado Miguel Ronceros, que emitió opinión y que se ha comprobado que percibió un pago por parte de ODB, que empaña la descalificación.

LA ÚLTIMA PALABRA

Es evidente que la presión mediática es una variable que tendrá en sus decisiones el juez Sánchez Balbuena. A pesar que no veo aún la identificación de hecho delictivo más allá del lavado de activos cometido por privados, que se han allanado a una confesión sincera; no tengo dudas que la mayoría de la veintena de investigados serán pasados a investigación preparatoria.

Juez Juan Sánchez Balbuena.

La profundización de la investigación fiscal deberá mejorarse significativamente, con los elementos que se tienen la denuncia podrá ser rechazada en el proceso de control de acusación que precede a la investigación preparatoria.

Hay algunos temas singulares que será necesario esclarecerse, como la colaboración eficaz de los ejecutivos de Graña y Montero y de la empresa misma; dado que ellos no han participado en el proceso de competencia, sino que ingresaron más de un año después que el CGSP había firmado contrato de concesión con el estado peruano.

No basta la declaración del ex capitoste de ODB en el Perú, Jorge Barata, ni el supuesto acuerdo entre Graña y ODB, que daría fe del supuesto acuerdo que aquella era socia oculta. Se acabarían las suspicacias si se pide un peritaje de la antigüedad del papel del acuerdo, cosa que se puede realizar con peritos internacionales especializados.

En la Corte del Estado de California, hay más de uno que puede brindar el servicio. Hay mucho camino por recorrer y hasta el inicio de un juicio oral, estimo que fácilmente se llegará al segundo semestre del año 2021.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *