VERSIÓN IMPRESA DE EL PERUANO SERÍA ENTREGADA A UN CONSORCIO PRIVADO
Por Miguel Angel Risco
Más allá de las medidas relativas a garantizar la integridad física de los trabajadores de Editora Perú, tras confirmarse que varios de ellos han sido afectados por el Covid-19 de acuerdo con el comunicado oficial de la Gerencia General, el directorio de la empresa tiene hoy una sesión virtual clave en donde se juega el futuro de la versión impresa del diario oficial El Peruano.
En otras palabras, está en juego la permanencia y sostenibilidad de esta empresa estatal de derecho privado, bajo el ámbito de FONAFE, y que cuenta con unos 330 trabajadores.
En el caso de contagio por Covid-19 habría responsabilidad penal de la administración y el directorio si es que no se tomaron oportunamente las medidas del caso y no llegar al cierre temporal de la planta de impresión y la sede principal.
A ello se sumarían otros asuntos que se encuentran registrados por la Oficina de Control Institucional (OCI) y publicados en la página web de la Contraloría General de la República, como excesivos gastos en el uso de fondo fijo y contratación de personal sin el perfil profesional requerido. De hecho, es responsabilidad del directorio sino toma las medidas correctivas, como hacer rodar las cabezas empezando por la Gerencia General.
En cuanto a la suspensión de la impresión del Diario Oficial El Peruano, el asunto es crucial. El directorio de hoy debería decidir sobre el futuro de las líneas de negocio adoptando:
1) Una estrategia para reiniciar la versión impresa tan pronto concluya las medidas restrictivas por el Covid-19, fortaleciendo la línea de negocios de impresión del Diario Oficial El Peruano, considerando una alianza estratégica con el Poder Judicial, su cliente principal.
2) El fortalecimiento de una vez por todas de la versión digital, para lo cual sí o sí tendrían que mejorar sustancialmente la plataforma digital con equipos y software cuya compra fue postergada sistemáticamente por la administración.
Con ello tendría que fortalecerse la Agencia Peruana de Noticias Andina, como una verdadera agencia al servicio de todos los organismos del Estado, abriendo corresponsalías regionales y lograr su internacionalización al menos en América Latina, como otra línea clave de negocios. Con el mismo objetivo de fortalecimiento digital, el cuerpo noticioso de El Peruano y sus suplementos tendrían que adoptar un nuevo formato con base a la actual versión digital garantizando un acceso amigable de todo tipo de público; y
3) El reinicio oportuno de las operaciones en SEGRAF (planta del Jirón Andahuaylas) de la producción de revistas como China Hoy, con contrato vigente y las publicaciones por convenio con organismos del Estado, como el informativo mensual del Tribunal Constitucional. De lo contrario pasarían a mejor vida en el corto plazo en Editora Perú si es que no se adoptan las medidas de contingencia, sin necesariamente entregar la impresión a terceros.
Lo ideal es que Editora Perú asuma el negocio digital como una verdad de Perogrullo, un asunto impostergable para las líneas de negocio El Peruano y Andina. La línea de Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF) retomaría las impresiones de los requerimientos del Estado en tanto en los siguientes años exista esa necesidad de imprimir: folletos, encartes, suplementos, revistas, memorias, libros educativos, libros de colección por encargo de diferentes organismos del Estado y entidades privadas.
INTERÉS ECONÓMICO TRAS LA IMPRESIÓN DE EL PERUANO
Ha trascendido en el mundo gráfico y periodístico y de fuentes de Editora Perú que al menos dos consorcios han expresado al directorio y al más alto nivel del Gobierno su interés por hacerse cargo de la impresión de El Peruano (cuerpo noticioso, normas legales y boletín oficial) y su correspondiente distribución nacional.
El Peruano hasta marzo tenía un tiraje de unos 4,000 ejemplares cada día, de los cuales unos 2,000 van a suscriptores y la otra parte vía venta libre. Sus ingresos al año eran de unos S/ 80 millones de soles, con una utilidad para entregar a FONAFE de S/ 25 millones y una utilidad para cada trabajador equivalente en promedio a dos sueldos y medio.
El riesgo es que, si por ahora el consorcio privado solo se encargarían de la impresión y distribución, el siguiente paso sería hacerse cargo de todo el negocio, es decir, los ingresos por publicidad, publicaciones de los organismos del Estado, los avisos judiciales y las normas legales en general pasarían a llenar las arcas de un consorcio privado. Desvestimos a un santo público para vestir a otro, pero privado.
Sin embargo, el argumento que justificaría la entrega de El Peruano a este consorcio radica, entre otros, en las diversas medidas de emergencia para dar continuidad a los servicios y la aplicación de la suspensión perfecta de labores, un paso más para la reducción de personal en que venía trabajando la administración de manera reservada con el paraguas de una necesaria reestructuración interna.
¿QUÉ DECISIÓN ADOPTARÁ EL DIRECTORIO?
En las actuales circunstancias sería una tremenda irresponsabilidad por decir lo mínimo, que encarguen la impresión a un tercero cuando ningún periódico en el Perú está circulando como hasta antes del estado de emergencia nacional y la cuarentena, además de las evidencias hasta la saciedad de que el tiraje histórico de la prensa ha caído por los suelos en el mundo entero. Bien hizo Hildebrandt en sus Trece el 27 de marzo de suspender sus ediciones hasta “cuando la cadena de distribución física (transporte, vendedores de publicaciones) esté disponible nuevamente”. Claro que lo lamentable es que dejó a sus suscriptores y público sin versión digital. Corrieron un riesgo muy grande.
Demás está decir que cualquier norma legal solo tiene vigencia al día siguiente de publicado en el Diario Oficial El Peruano o, en el mismo día, si es que aparece como versión extraordinaria digital o impresa.
Una norma que se espera publicar al día siguiente estaría previamente en manos de un consorcio privado que, demás está decir, tiene intereses empresariales y comerciales en diferentes sectores económicos, por publicidad o por sus accionistas. Tendrían entonces información privilegiada. Un aviso de una empresa privada, un denuncio minero u otros, quedarían en manos por varias horas o días en manos de terceros. Un conflicto de intereses monumental.
El directorio es presidido por el periodista Carlos Becerra Gutiérrez e integrado por Mónica Moreno Martínez, actual Secretaria de Prensa y Comunicación Estratégica de la Presidencia de la República; Estela Roeder Corbo, actual asesora en un programa del PNUD adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y Roger Alberto Siccha Martínez, actual Director General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas.
