“EN EL PAÍS SÓLO FUNCIONA EL CAPITALISMO DE AMIGOS”

En esta segunda entrega de nuestra entrevista con Miguel Santillana, el economista sostiene que se contravienen los principios constitucionales de la Economía Social de Mercado y afirma que los oligopolios y el mercantilismo atentan contra los usuarios que no reciben mejores productos, bienes y servicios

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La economía en el Perú ha devenido en un ‘capitalismo de amigos’ con la consiguiente conformación de oligopolios, que contraviene los principios de la Economía Social de Mercado fijada por la Constitución Política, en lo concerniente al régimen Económico, sostuvo el especialista Miguel Santillana.

“Esta deformación ha impuesto prácticas mercantilistas que impide a los mercados funcionar según ese modelo constitucional para que generen mejores productos, bienes y servicios en favor de los consumidores”, señaló el especialista en diálogo con Guik.pe al tocar temas de la  coyuntura económica.

Para Santillana, el mercantilismo, marcado por el excesivo interés de conseguir ganancias, ha llevado casos increíbles como que el 90% de las farmacias del Perú estén en manos de un grupo o que una clínica cobre entre S/170 y S/200 por un medicamento contra el Covid-19 que en la farmacia no pasa de costar algo más de un sol, según las denuncias formuladas en los últimos días.

Como señala el entrevistado, esta situación atenta contra las personas de menores recursos y es recurrente a pesar del supuesto control que deben ejercer los entes reguladores creados precisamente para proteger los intereses del público, como deben ser las funciones de Sunass, Osiptel, Osignermin o Ositram según el ámbito de su competencia.

Desarrollo del país

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Esto significa –refirió- que los supervisados han copado a la entidades supervisoras en la medida que han ganado espacios hasta llegar a controlar a los organismos que deben velar por los derechos de los usuarios a escala nacional.

En el régimen económico –Artículo 58- de la Constitución Política del Perú, referido a la Economía Social de Mercado, se indica que la iniciativa privada es libre, y que “bajo este régimen el Estado  orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.

Lo que viene ocurriendo actualmente en el país colisiona con el mandato constitucional, porque, como recuerda Santillana “…el Estado   estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria…” en clara alusión a las ´prácticas monopólicos y mercantilistas” en la que se mueve hoy la economía del país.

Santillana recordó que en los años ’90 el país enrumbó a la economía de mercado pero en la actualidad los oligopolios impiden la competencia para lo cual cuentan con la asesoría legal de algunos de los importantes estudios de abogados.

Un caso notorio –recuerda- es lo que sucede con los créditos bancarios y las tarjetas de crédito que fueron otorgados por diversas instituciones y que llevó a miles de peruanos a contraer deudas con altos intereses. “Si la inflación, por ejemplo, era en promedio 2% o 3% los bancos cobraban entre 80% y 120%”, refiere.

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“Pero la Superintendencia de Banca y Seguro no instruyó, no orientó al púbico sobre los peligros que significaba obtener un crédito con esas tasas altísimas de interés. Nadie ha querido meter la mano en esta situación, ni mucho menos frenar los cobros que se hacen por los crédito bajo esas condiciones”.

 

Ceden ante la izquierda

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A pesar de lo importantes que es la actividad de servicios y comercio para la economía, los proyectos y la misma actividad minera está jaqueada por la izquierda, “y a eso ha ayudado mucho el doble discurso del presidente Martín Vizcarra como se vio en el caso de las operaciones del yacimiento Tía María”.

La mina, ubicada en la provincia arequipeña de Islay, ya estaba lista para entrar en operaciones, pero el Gobierno permitió que a exigencia de los grupos de izquierdas se revisaran nuevamente los estudios de impacto ambiental  a pesar que la empresa contaba con los permisos respectivos.

Las trabas a estos proyectos afectan grandemente a la economía nacional, si se tiene en cuenta que el 60% de las exportaciones del país son de este rubro, con una recaudación estimada en la tercera parte de lo que se recauda por impuesto a la renta.

“Este es un punto clave para la economía peruana y que si bien debe cumplir con lo que disponen las leyes, no debe estar bajo el permanentemente cuestionamiento de los grupos de la izquierda que se oponen a la extracción minera, ante los cuales siempre han cedido las autoridades regionales y el propio Gobierno nacional”.  

En su diálogo sostenido con este diario digital, el economista estimó que el país tiene una cartera aproximada de $ 60 mil millones, entre proyectos mineros, energía e irrigación, que deben ser destrabados para generar empleo, desarrollo y atraer divisas. “Para eso es necesario reforzar las campaña de información y orientación sobre el impacto positivo que la actividad minera tiene para el Perú”, sostuvo.

“La oposición a la extracción de minerales también tiene que ver con la ausencia del Estado en las zonas de influencia de los yacimientos “donde no se ve que representantes de los gobiernos nacional o regional realicen programas para explicar a los pobladores y comunidades lo bueno, malo y feo de los proyectos, como si lo hacen los activistas de la izquierda que en base al miedo impiden la ejecución de los mismo”, enfatizó.

 

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