COMUNEROS DE ESPINAR PIDEN S/50 MILLONES DE BONO POR PANDEMIA

La provincia cusqueña de Espinar acata huelga indefinida y exigen compensación por cuarentena sanitaria. En ese marco, Luis E. Oré, mediador profesional, analiza cómo construir confianza y factibilidad entre la empresa, comunidad y el Estado

Luis E. Oré

El mediador profesional y consultor en negociaciones y construcción de consensos, Luis E. Oré, demandó construir confianza y factibilidad social en los proyectos de inversión para generar beneficios y valor compartido entre la empresa, la comunidad y el Estado, al comentar la huelga indefinida en la provincia cusqueña de Espinar contra la minera Antapaccay.

El facilitador de procesos de diálogos hizo este comentario al analizar la posibilidad de buscar un acuerdo para solucionar el conflicto que acatan unos 60 mil pobladores de esa provincia y que podría generar cuantiosas pérdidas económicas no solo para la región Cusco, sino también al país.

Una de los principales reclamos, según el presidente del Frente de Lucha de Espinar, Rolando Condori, es que la empresa desembolse de inmediato S/ 50 millones, que servirán para entregar un bono solidario de mil soles a los pobladores “como una forma excepcional de apoyarlos ante la difícil situación que enfrentan como efecto dela cuarentena sanitaria”.

La última negociación entre los representantes de la minera y los dirigentes del denominado Comité de Gestión del Convenio Marco fue el pasado miércoles, en la que los líderes de la medida de fuerza exigieron también la reformulación del convenio marco con la empresa, el rechazo al proyecto Antapacay-expansión, atención a los afectados por metales pesados en el cuerpo y acceso a la justicia ambiental en el corredor minero.

Tras la reunión en la que no se arribó a ningún acuerdo, tales demandas fueron respaldadas con sus firmas por el gobernador del Cusco, Jean Paul Benavente García, el obispo de la prelatura de Sicuani, monseñor Pedro Bustamante, y diversas autoridades edilicias de la región Cusco.

En una comunicación con una emisora local, Rolando Condori reiteró anoche la presencia en la zona del jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, para que intervenga de oficio y busque soluciones a sus demandas, y que disponga la salida de los contingentes de soldados y policías desplazados al lugar.

También acusó al Ministerio Público de actuar a favor de terceros, luego que la Fiscalía de Prevención del Delito formulará actas de notificación para siete dirigentes, por los presuntos delitos contra los medios de transporte, comunicación y por resistencia y desobediencia a la autoridad.

 

Competencia del Estado

Al comentar este nuevo conflicto minero, que al parecer es el primero de otras protestas que se anuncian en otros puntos del país, Luis E. Oré declaró que la participación de un mediador no significa bajo ningún punto de vista que el Estado abdique de sus competencias y responsabilidades.

“Más bien esta situación puede compararse a los sistemas de mediación antes de optar por la vía judicial; porque ante una realidad tan extensa existen instituciones y personas que pueden sumare a la tarea de la solución de las controversias y a la construcción de una cultura de paz”, señaló.

En este sentido aseguró que diversas instituciones a escala nacional e internacional ya reconocen la importancia de los mediadores neutrales independientes para abordar situaciones complejas.

Y un ejemplo de ellos es el Ombudsman (defensor del pueblo) de la minería en Australia que es una institución de carácter privado, y que tuvo, por ejemplo, un rol clave para propiciar diálogos y establecer espacios de resolución de conflictos en el caso de la mina Tintaya durante la operación de BHP Billiton.

Proyectos y protestas

Oré señaló que hoy en día el crecimiento mundial produce una mayor demanda de recursos naturales y existen múltiples intereses, económicos, sociales, ambientales, políticos, entre otros. La historia reciente de nuestro país nos demuestra que hay falta de credibilidad y confianza en población y comunidades locales, no solo respecto al gobierno sino también en relación a las empresas que proponen proyectos de inversión.

 

En ese sentido, los conflictos sociales han retrasado e impedido la implementación de proyectos, donde el interés de poblaciones locales radica en ser escuchados, no ser impactados negativamente y ser partícipes de los beneficios económicos como resultado de la operación de proyectos.

 

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