LA DESCONFIANZA EN LA CONFIANZA

Por Anibal Quiroga León

Jurista. Profesor Principal PUCP

 

Luego de los últimos avatares acontecidos entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo a raíz de la confianza denegada inicialmente al Gabinete Cateriano y posteriormente concedida al Gabinete Martos, acabamos de ser sorprendidos con algo que nadie solicitó ni previó: el Señor Presidente del Congreso y líder de la bancada de AP ha anunciado con bombos y platillos una nueva intención de reforma constitucional, esta vez para eliminar de la Constitución la obligación del nuevo Premier de solicitar obligatoriamente esta confianza al término de su forzosa exposición dentro de los 30 días siguientes a su nombramiento.

 

Qué fuerzas internas se pueden haber movido en los días recientes para que, nada menos, el Presidente del Congreso anuncie tan pomposo proyecto de reforma constitucional -el enésimo- en el actual Congreso corto y mocho, no ha trascendido; pero, desde el punto de vista constitucional, es claramente un grave retroceso, un claro desconocimiento y un pertinaz contrasentido.

 

Ya se había dicho que, desde la Carta de 1993, el régimen constitucional diseñado era de corte semipresidencial. Eso quiere decir, al mismo tiempo -y es muy simple de entender- que es semiparlamentario; creándose un equilibrio de poderes, con pesos y contrapesos -controles inter-poderes como enseñó Karl Loewenstein-, de uno y otro lado. Siendo el Presidente de la República -al mismo tiempo- Jefe de Estado, quien personifica a la Nación (para los que crean que esto es una huachafería, así está escrito en la Constitución y así lo ha estado desde hace mucho tiempo), Jefe del Poder Ejecutivo y Comandante General de las FFAA y de la PNP, claramente concentra mucho poder. Para equilibrar eso -habiendo perdido el Congreso la ratificación de los generales de las FFAA y PNP, de los embajadores de RREE, Vocales y Fiscales Supremos y de los tratados ejecutivos), la Constitución consagra algunas instituciones para balancear aquello que puede parecer un omnímodo poder.

 

Ya se ha dicho que censura y confianza son dos caras de una misma moneda y su consecuencia es la misma: la continuación en el cargo de un ministro o de un Gabinete cuando recae en la cabeza del Premier, o su inmediato cese cuando la que rueda es la cabeza de un ministro en singular o la cabeza de un Premier, arrastrando al Gabinete, en lo que la propia Constitución define como “crisis total de gabinete”. La diferencia está en su titularidad: la censura la plantea el Congreso hacia el Ministro y la confianza la plantea el Ministro hacia el Congreso. Y es así, dado que el Presidente de la República es irresponsable políticamente, por él responden sus ministros. No cabe duda, entonces, que cuando se censura a un Gabinete o se le niega la confianza a un Premier, ello recae en la decisión política del Presidente: él es recusado; pero como es políticamente irresponsable, quién pagará los platos rotos será el Premier que verá rodar su cabeza inmisericordemente a lado de las de todo su Gabinete, tal como pasó no hace mucho con el brevísimo Gabinete Cateriano de tan solo 20 días de gestión.

 

Es importante destacar que en la actual Constitución de 1993 hay dos cuestiones de confianza: una forzosa que todo nuevo Premier debe pedir al finalizar su presentación antes de los 30 días de haber sido designado por el Presidente de la República, conforme al Art. 130° de la Carta constitucional, y las opcionales que el premier o los ministros pueden formular en cualquier momento cuando requieran apoyarse en una mayor legitimidad del Congreso para sacar adelante una iniciativa legislativa o una política de gobierno o de Estado. A la primera, los poco enterados insisten en llamarle “voto de investidura” no obstante que esa expresión es ajena a la Constitución. No existe en su texto. ¿Por qué entonces la tozudez? Porque se conoce poco y se lee menos: el voto de investidura es típico de un régimen parlamentario en donde la jefatura de Estado está separada de la jefatura de Gobierno (España, Reino Unido, etc.), y las elecciones se hacen por el partido, no por la persona, de manera que será Jefe de Gobierno el líder del partido mayoritario en el Congreso, y allí será nominado, allí será “investido” como Jefe de Gobierno. De allí saldrá su designación.

 

No es el caso de la Constitución del Perú. La válida designación la hace el Presidente de la República en la persona que él elija y, junto con el nuevo Premier (no Jefe de Gobierno) y a sugerencia de éste -por lo menos nominalmente-, designará al resto del Gabinete. El voto de confianza del Congreso, en los 30 días siguientes no lo “inviste”, le permite continuar. En todo caso, lo “ratifica”. Sin esa confianza no puede continuar y caerá aparatosamente -lo acabamos de ver-; concedida la confianza, podrá continuar su andadura constitucional. Jurídicamente es una confianza ad-revocationis y no una ad-referéndum; pero en ningún caso será una “investidura”, expresión ajena por completo al texto de la Constitución y a nuestra propia realidad republicana.

 

¿Por qué ahora el Congreso quisiera mutilarse a sí mismo? Esa es la pregunta de los quinientos mil reales. Como el instrumento se usó mal (Caso Cateriano) entonces ya no se trata de aprender a usarlo bien, sino de destruirlo. Como tengo una infección en la mano, en vez de curarla, me corto el brazo. Como reza el dicho popular -y nunca mejor dicho-: muerto el perro, acabada la rabia…

 

Y por qué una institución noble -la obligada confianza congresal a un Gabinete que recién se estrena-, que obliga a negociaciones y acuerdos políticos mínimos entre el Ejecutivo y el Congreso, tendría que desaparecer. Sin contar el plazo fujimorista, así ha funcionado en la Constitución desde el 2000 hasta el 2016 sin ningún problema, con entendimientos y estabilidad. ¿Cuándo surge la crisis y la inestabilidad? Cuando PPK gana la presidencia con una minoría congresal, es forzado a renunciar, asciende Vizcarra, se deshace de esa pobre representación congresal, cierra malamente el Congreso con una decisión que hasta su ex Premier Del Solar -y varios de sus ministros de entonces- encontraron de dudosa constitucionalidad y finalmente elegimos apresuradamente a un Congreso corto y mocho en donde el Presidente Vizcarra no tiene ningún representante, jactándose de ello. Ni siquiera los rescoldos de su ex bancada (Meléndez, Costa o De Belaúnde), que a diario hacen méritos para ser tomados en cuenta, no son considerados para nada por Vizcarra como el propio Congresista Costa lo admitió con hidalguía.

 

Entonces, parecería ser un proyecto de reforma constitucional hecho a la medida del concepto de democracia funcional que tienen un presidente como Vizcarra, que no tiene interés de llegar a consenso alguno, que tiene una concepción muy especial de la democracia binaria de corte unipersonal y que pretendería gobernar siempre de espaldas al Congreso o, lo que es peor, siempre confrontando con el Congreso. Y, en medio de todo eso, el Congreso se plantea ahora poder enfrentarlo con los dos brazos atados a la espalda. Como bien dice la canción del Grupo Río, es una cosa de locos.

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