EL DRAMA DE NO TENER AGUA EN PLENA PANDEMIA

Entre siete y ocho millones de personas no tienen acceso al agua potable en el Perú y, en el caso de Lima, la ciudad con mayor número de infectados por el Covid-19, un millón y medio de habitantes carecen de sistemas de alcantarillado, haciendo más dramática y dificultosa la lucha contra la pandemia.

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En este contexto, una práctica tan sencilla entre las medidas de prevención, como la de lavarse las manos, con la frecuencia que recomiendan los protocolos sanitarios,  no es posible para uno de cada tres peruanos, de tal forma que este hábito de higiene elemental se convierte en un ideal.

Para América Arias, directora de Acción contra el Hambre en Perú, una organización que cuenta con respaldo privado, la presencia del Covid-19 es un recordatorio de la vulnerabilidad en que se encuentran amplios, sectores, no solo en zonas alejadas, sino en las mismas urbes, donde las personas buscan sobrevivir día a día, “una condición  que se desvela cuando hablamos que muchas personas carecen de agua para lavarse las manos”.

 

América Arias

A pesar de todo, “esta es una oportunidad para ser más reflexivos y comprender que los seres humanos somos interdependientes y el bienestar solo será posible si nos cuidamos y respetamos de manera colectiva y solidaria”, dijo.

América Arias señaló que en este contexto la respuesta del material humanitario tiene que ser muy rápida y eficiente: “Frente a la crisis, la organización no tarda más de 24 horas en convertir una donación de miles de soles en alimento, ni más de 72 horas en distribuir productos de higiene a las poblaciones más necesitadas”.

 

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Informalidad

 Otro aspecto de las condiciones actuales –continuó-  surge del aislamiento social y el impacto que tiene en las economías familiares en un país en el que el 73% del mercado laboral es informal. Este rubro representa a los microempresarios quienes sostienen a la población económicamente activa; el 98% de las empresas en el Perú son microempresas.

En una situación de emergencia como en la que nos encontramos, donde el aislamiento social obligatorio es una medida necesaria, la incertidumbre para las familias no solo está en poder adquirir alimentos y artículos de primera necesidad, sino en hacer frente al pago de alquileres, préstamos, educación e incluso salud.

En este contexto también se debe considerar a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad adicional como los migrantes y refugiados venezolanos.

 

“Si el Estado no cuenta con bonos suficientes para proteger económicamente a los ciudadanos, es más complejo atender a los migrantes que tienen un menor acceso al mercado laboral y están más expuestos a sufrir situaciones de abuso y discriminación.”

Al respecto, la encuesta realizada por Equilibrium CenDE detalla que el 33% de migrantes y refugiados venezolanos perdió el empleo durante la cuarentena y solo el 8.8% se encuentra laborando.

Secuelas imborrables

 En este sentido señaló que las secuelas de la pandemia quedarán en el plano social porque dejará un daño inevitable en el camino que se había emprendido para erradicar a la pobreza, pero, que, sin embargo, debemos sacar grandes lecciones de la crisis que afecta a todos los sectores.

La crisis nos demuestra que cambiar de prioridades es posible y necesario, como en esta coyuntura, particularmente extraordinaria, en la que la economía, debe ponerse al servicio de los derechos humanos para atender las necesidades de salud, educación y alimentación.

En el balance realizado por Acción contra el Hambre se indica que hasta el momento se ha distribuido 40 mil kilos de alimentos donados desde el sector privado, además de entregar 4 mil 200 tarjetas solidarias por un monto de 170 soles para la compra de artículos de primera necesidad, pago de servicios e incluso para iniciar sus emprendimientos.

Además, unos 6 mil profesionales humanitarios de Acción contra el vienen trabajando desde marzo en labores que buscan paliar la pandemia en 50 países, incluyendo al Perú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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