EGO ME ABSOLVO PECCATIS MEA

Por Anibal Quiroga León

Jurista. Profesor Principal PUCP

La semana que pasó ha estado -una vez más- generosa en noticias judiciales cuyo nacimiento tienen como escenario nada menos que Palacio de Gobierno, sede del Jefe de Estado y Jefe del Ejecutivo y transitoria morada del Presidente de la República.  Los hechos son harto conocidos, es decir, son de público conocimiento, mal que les pese a sus protagonistas.

Dentro de su especial carácter contradictorio y vertical, rápidamente uno de los protagonistas de este intríngulis político-judicial-penal -el mismísimo Jefe de Estado- ha salido a recusar, urbi et orbi, que la investigación fiscal que lleva a cabo a duras penas el Ministerio Público es innecesaria porque en los hechos conocidos por los audios grabados subrepticiamente dentro de Palacio de Gobierno -nada menos que por su mismísima secretaria personal, con la instigación de algún otro “cercano asesor”, con relación al inicialmente farandulero “escándalo swing”, no contienen ningún elemento delictivo, que es desproporcional y que todos los que están allí investigados -algunos con detención corporal de orden preliminar- no han cometido ilícito alguno que merezca ser procesado o sancionado.  Por supuesto, entre los absueltos por el dedo presidencial está, ciertamente, él mismo. Se absuelve a sí mismo y critica sin ambages a los fiscales por no haber oído bien lo que todos hemos oído claramente -que él dice no haber siquiera oído por “salud mental”-.  Es decir, señala ni siquiera conocer bien la prueba incriminatoria, al mismo tiempo de saber y asegurar que en la misma no hay delito perseguible, por lo que los fiscales están exagerando su labor, perdiendo el tiempo y sirviendo a protervos intereses en plena pandemia.  Pero claro, fiel cumplidor de la ley y de la institucionalidad él, termina apostillando como siempre: “pero somos demócratas y respetamos la autonomía de las investigaciones: que los fiscales hagan su trabajo…” (¿?).

En una sociedad democrática basada en un orden constitucional, en efecto, las instituciones deben ser respetadas por todos, y todas las autoridades deben de abstenerse de calificar, recusar o interferir en la labor de las demás.  Pero, con mayor razón debe ser así cuando la autoridad concernida tiene un claro “conflicto de intereses” con la actuación de la otra autoridad.  Por decoro, como está previsto en los códigos procesales y de ética de la función pública, no debería calificar o denostar desde las alturas de su poder lo que hace otra institución cuando precisamente esa investigación tiene que ver con la propia responsabilidad del opinante, porque entonces ya no se trataría de una opinión imparcial sino de un claro alegato de autodefensa.

En efecto, no cabe duda que si el Presidente de la República no estuviera protegido por el blindaje que le provee del Art. 117° de la Constitución, bien sería pasible de estar igualmente procesado junto con sus coprocesados (cómplices, les llaman los penalistas), y también sería pasible de una acusación constitucional.   Sin esta protección constitucional -que dura hasta la medianoche del 28 de julio de 2021- será recién a partir de las 00:00 horas del 29 de julio siguiente en que recién podrá ser incluido en este procedimiento fiscal por lo delitos allí señalados. Y si los hechos son como se investigan y no tuviera este escudo constitucional, también habría sido pasible de una orden de detención preliminar, qué duda cabe.  La ha librado por ahora por su investidura constitucional, no por su falta de responsabilidad penal en los hechos investigados.

Entonces, para el 29 de julio de 2021 ya no tendrá escapatoria, tal como ocurrió con el Presidente Humala o con PPK al día siguiente en que dejaron de ser presidentes.  Allí, sus alegaciones de absoluta inocencia e irresponsabilidad penal deberá formularlas, con su abogado al lado, ante la autoridad fiscal y luego ante Juez de la causa, y ya no ante la opinión pública o los medios de comunicación debidamente guarecido por Seguridad del Estado.

Pero en la actualidad política observamos que hay dichos y frases que se repiten tanto con tanta frecuencia que terminan calando en alguna gente. Para eso están hechas en el actual marketing político que usa con fruición.  En otros casos, sirven de espolón de proa para que un sector de la prensa las utilice para buscar enemigos por otro lado, procurando barrer la tierra debajo de la alfombra con la íntima esperanza que pasen desapercibidos.  Solo la prensa valiente e independiente las ha sacado adelante y gracias a eso nos hemos podido enterar todos.

Y no se trata de minimizar los hechos señalando con eso de que hay mucha represión penal (legítima, por cierto) por contratos que sólo han representado la bicoca de 179,000 soles, alguno de los cuales han sido indebidamente entregados con el agravante de la plena pandemia al haberse festinado trámites administrativos e inventado servicios al Ministerio de Cultura -nada menos-, porque los delitos de obstrucción a la justicia, colusión y alteración de medios probatorios no tienen cuantía: son muy graves en sí mismos independientemente del monto que esté involucrado.  Desde la presidencia del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República vimos en el pasado reciente como, por ejemplo, servidores públicos han sido expulsados de sus puestos, perdido su trabajo en forma infamante, ingresados en un oprobioso registro nacional de infractores al erario público e impedidos de acceder a todo cargo público por 3 años por no haber podido justificar un gasto de tan solo 9000 soles.

Allí donde las personas más necesitadas del país han recibido un mísero bono de 760 soles para poder sobrevivir familiarmente, un inenarrable personajillo, sin mérito alguno, ha llevado de la narices a varios Ministros de Cultura, otros tantos funcionarios de la alta dirección y administraciones públicas de los dineros del erario nacional,  para poco más que regalar 179,000 soles a un amigote impresentable que dice poseer, entre otras dudosas cualidades, un “doctorado honoris y causa”.  Podríamos afirmar, literalmente, que enfrentamos claramente una situación “ad-nauseam”.

Y ahora que como consecuencia de estas investigaciones de fiscales verdaderamente independientes, aún de la mismísima Fiscal de la Nación, se ha dispuesto el allanamiento de los domicilios de 10 funcionarios y su subsecuente detención corporal en los calabozos de la Prefectura, se escuchan voces altisonantes acusando un excesivo celo y rigor, cuando no una supuesta falta de ponderación o proporcionalidad.  Han criticado desde el Presidente de la República desde su altísima investidura y su evidente “conflicto de intereses”, el incondicional Premier Martos que como general en retiro sabe poco del tema y repite un libreto que alguien le escribe, hasta la joven Ministra de Justicia que una vez más luce desorientada ya que no  sabe si ubicarse asesora del Poder Ejecutivo o si en verdad funge de abogada defensora de los temas personales del Presidente de la República, quien es directamente citado, con sus nombres y apellidos completos, en el organigrama redactado por esos fiscales como cabeza de los ilícitos.

Bueno pues, ese es un indebido sistema punitivo (tomar la detención preliminar o preventiva sin acusación ni sentencia firme como sanción adelantada) creado por el actual establishment, arropado y aplaudido por muchos de los que hoy se lamentan profundamente y se duelen con las vestiduras rasgadas.  Cuando fue para los demás, para los otros, para los rivales políticos o los ajenos, era la implacable justicia igualitaria para todos de la manida expresión “caiga quien caiga”. Una vez más en vigencia el apotegma anarquista: “para mí y mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley…”

Pero cuando recae en nuestro entorno, en nuestros intereses, en nuestros amigos, colegas, parientes o afectan nuestros intereses, entonces la actuación fiscal-judicial se torna vil, exagerada o desproporcional.  Eso pasa por endiosar a personajes y personajillos del mundo fiscal y judicial que se han prodigado en detenciones preventivas por doquier, sin ton ni son, como si fuese una finalidad en sí misma, fuera de los requisitos legales y constitucionales, ya que eso, en una filosofía ferrandiana, “contenta a la gente”, les da una momentánea y rauda popularidad al ser siempre noticia de portada ver desfilar a un grupo de detenidos, famosos o poderosos, de madrugada y con pijama, enmarrocados y trasladados con un ominoso chaleco de “DETENIDO PNP” dizque para el protocolo de seguridad con el que la policía de turno se jamonea con quienes la presunción de inocencia como garantía constitucional ha sido abruptamente derogada y resultará  inexistente.

Esto ya se había denunciado antes y no se hizo caso.  Algunas veces dio lugar a mofas, cuando no a absurdas denostaciones por sesudos opinólogos, analistas y connotados portaestandartes de la prensa.  Se dijo que era la protesta de los corruptos, de los “aprofujimontesinistas”, de los que deben cuentas a la justicia; a pesar de que en nuestro sistema jurídico contamos con sendas resoluciones de la Corte Interamericana de DDHH, de certeros informes de la Comisión Interamericana de DDHH que denuncia eso mismo en América Latina  -especialmente en el Perú- y de tener dos sentencias del TC con una obligatoria y clarísima doctrina jurisprudencial (casos Humala-Heredia y Fujimori Higuchi) y un coincidente Plenario Casatorio (jurisprudencia obligatoria) de la mismísima Corte Suprema, todos en el mismo sentido y todos desconocidos y abrogados por la justicia y fiscalía de primera instancia, a las que no les entra -ni con sangre- esa letra ni llegan a comprender esos fundamentos, habiéndose invertido la pirámide jurídica del país como consecuencia de funcionarios fiscales y judiciales endiosados por la opinión pública (históricamente proclive al linchamiento) y por una prensa irrazonablemente obtusa.  Allí está el resultado.  Una verdadera licuadora de la libertad y la honra humanas, la creación de un sistema directamente influido por “la casa del jabonero”.

En la audiencia pública, televisada y en la web por todo lo alto, del caso Fujimori Higuchi, en el que no se requería ser fujimorista -ni partidario del fujimorismo- para defender el valor sagrado de la libertad de una persona, de cualquier persona, como un derecho fundamental del Estado constitucional, allí donde la propia doctrina del TC ha reclamado una justicia ordinaria  constitucionalizada (respetuosa de los principios de la Constitución) y convencionalizada (subordinada a los postulados de la Convención Americana de DDHH), escuchamos citar en el alegato de defensa de la libertad personal aquel famoso poema escrito contra la barbarie nazi, atribuido a Martin Niemöller, según la versión grabada en el Memorial del Holocausto de Nueva Inglaterra̞: “Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”.

 

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