DISCRIMINACION E INCLUSIÓN

Por Anibal Quiroga León

Jurista. Profesor Principal PUCP

Qué puede haber pasado por la mente de aquellos burócratas, científicos de escritorio, que decidieron mantener en confinamiento perpetuo a los mayores de 65 años, estableciendo -además- la regla absurda de prohibirles el ingreso a restaurantes, supermercados y demás establecimientos que ya cuentan con un aforo regulado.  La verdad es que nadie lo sabe razonablemente. Lo mismo para los menores de 14 años.  Eso quería decir que, cual prisioneros domiciliarios sin sentencia dictada, no debían ver la luz del sol desde marzo, por más de medio año.  Tras los cuernos del embate de la pandemia más letal y complicada de los últimos siglos en la historia de la humanidad, los palos de los malos administradores del Estado que nos han llevado al deshonroso primer lugar en peor manojo de salubridad y económico en el mundo, con más fallecidos porcentualmente sobre nuestra población.  La situación del Perú sido citada en el Parlamento español y en el primer debate presidencial de los EEUU. Más visibilidad imposible.

Sin embargo, nuestras autoridades semanalmente reportan grandes y entusiastas éxitos, la sostenida bajada de la letalidad, la no escasez de oxígeno y el número de camas UCI que ahora lucen libres.  Tal parece que no solo no hay peor ciego que el que no quiere ver, sino que el éxito del márketing político pasa por repetir siempre, machaconamente, la misma monserga mil veces, tanto que la gente se lo termine creyendo sin que a la pinocha autoridad no se le mueva un pelo de la cara.  A eso se le suman las “conferencias de prensa regladas y verticales, con cinco preguntitas “sorteadas” entre todos los medios de prensa, nacionales e internacionales (una tinka mediática), pero -eso sí- sin opción a repreguntas.  Lo peor del caso es que la créme de créme de la prensa peruana -sobre todo la aguerrida de investigación- se lo ha bancado con elocuente estoicismo y casi sin chistar.  Es la “nueva normalidad mediática” de la libertad de expresión.

Pero porqué es tan fácil poner restricciones absurdas, cuando no abusivas, sin mucho sentido de la realidad (como la restricción por “géneros” chico-chica que fue un desastre contraproducente creado por la absurda mente de algún más absurdo burócrata con efímero poder). Por que al ser humano le es más fácil vivir con reglas impuestas verticalmente que vivir en un régimen de libertad.  Le es más fácil imponer prohibiciones que libertades. Por eso nos gusta la “mano dura”, estamos dispuestos a convivir con una “dictablanda” o con un embozado “autoritarismo” que, al margen de la Constitución, cierra un Congreso, por ejemplo.  Para dejar en libertad a la ciudadanía y respetar a los demás se requieren más valores cívicos y democráticos que para ponerles reglas y prohibiciones.  He ahí el detalle.

La regla de los 65 años era tan absurda como autoritaria, y lo más risible era que varios de los ministros que firmaron el decreto supremo que la impuso superaban esa edad.  Lo más probable es que ni cuenta se dieran de lo que estaban haciendo, porque no se sienten vinculados a la misma, ya que es “para los demás”, en “beneficio del rebaño”, sin que alcance a los “pastores”.  Pero cuando la ciudadanía se solivianta, se planta en seco, cuando crecen los reclamos y es obvia la demostración de lo absurdo y perjudicial, entonces el autoritarismo retrocede con un halo de vergüenza y capitulación.  Qué mal, oye…

Lo mismo pasa con las agresiones, o con su expresión máxima que es la agresión física, las lesiones o la muerte del prójimo.  Fácil es agredir, insultar, maltratar, lastimar, lesionar o matar: difícil es contener la instintiva pulsión tanática o el deseo anidado en el fuero interno de hacerlo, evitando todo maltrato moral, físico o mortal por una respuesta racional.  Los seres inteligentes y educados se controlan y canalizan civilizadamente sus pulsiones y desavenencias.  Los mal estructurados, los malformados, los primitivos o de bajo espíritu lanzan el agravio, el denuesto, la descalificación, el lapo, el puñete, la patada artera, el golpe contundente, el ácido o la lesión mortal con pasmosa facilidad.  Es la involución al primitivo linchamiento hoy muy alentado en sus distintas graduaciones por el anonimato y agresividad de las llamadas “redes sociales”, la diosa de los tiempos.

Cuentan los que saben que, limpiamente detenido Abimael y en trance del proceso en regla para su debida condena -lo que nos alejaba moralmente de su propia ideología y métodos arbitrarios y extremistas de muerte y exterminio-, el gobierno autoritario de 1992 llegó a aprobar una noche de primavera, en un Consejo de Ministros, un “decreto ley” -ya sabemos inspirado por quién- disponiendo ipso facto y manu mititari su inmediato fusilamiento al siguiente amanecer.  Felizmente alguna o algunas mentes un tanto más iluminadas pudieron detener semejando atrocidad que no habría sido otra cosa que un crimen de Estado, deslegitimando la verdadera lucha contra la subversión que llevaron a cabo -aún a costa de su propia vida- hombres y mujeres de las FFAA y de la FFPP, y que habría elevado a los altares de la “heroicidad” al genocida, “santificándolo” con una muerte arbitraria y descalificando moralmente al Perú, que habría sido objeto de repudio internacional urbi et orbi, sin distinción alguna de amigos y enemigos, lo que nos habría hecho en aquella época más parias internacionales y habría llevado a las autoridades que así procedieran a ser considerados criminales internacionales de lesa humanidad, y hoy estarían purgando una larga carcelería sin atenuantes luego de aún más largos e interminables procesos penales.

Juzgar en una corte ordinaria de justicia al genocida valió el respeto del Perú en el contexto internacional, impermeabilizó la dura condena de duda o reparo alguno de injusticia, y todos le hemos visto -lo vemos- envejecer en prisión, con el reconocimiento moral al proceder del Perú, alejándole del control del Tribunal Constitucional y de la propia Corte Interamericana de DDHH, como sí  sucedió en otros casos impropios (la justicia militar a los civiles o la incriminación por “traición a la patria” a extranjeros que no debían fidelidad al Perú como patria, como si lo debe un peruano, por ejemplo).

La vida inclusiva siempre es más difícil y requiere de tener claros y acendrados valores democráticos, cultivados desde casa, en el colegio, en la universidad o en la educación superior cualquiera sea esta, y una sólida personalidad.  Por eso es tan alejada de fanatismos o de extremismos de toda laya, ideología, justificación o ubicación a la izquierda o a la de derecha.  Para ser autoritario, impositivo, obligar a reglas absurdas o simplemente violentos se requiere muy poco.  Solo soltar en sociedad las amarras del instinto animal que aún no tenemos dominado.

Por algo será que la Guerra Civil Española (1936-1939) dividió -y la post guerra mucho más- a una histórica nación, a toda una sociedad, a ciudades, a pueblos, a barrios, a comarcas y hasta a las familias, logrando rápidamente un deterioro nacional, social y moral en donde de un día para el otro los unos se mataban con los otros en nombre de los sagrados ideales de cada quien, no importando si ese otro era hasta ayer el vecino, el amigo, un familiar o hasta el propio hermano.

Otro tanto ocurrió con la indiscriminada represión en Chile luego del Golpe de Estado de Pinochet en 1973, donde ciudadanos civilizados tomaron las armas y formaron bandos en nombre del Estado y la democracia, matándose los unos a los otros, no importando si en el otro bando estaba un compañero de colegio, o de la universidad, o un vecino o alguien de su propia familia.  También la insanía senderista nos aportó otro tanto, separando comarcas en el ande, enfrentando vecinos y familiares en nombre de una ideología extremista de corte polpotiano que todo lo quería reinventar sobre la base de la sangre, la muerte y la destrucción sin atenuantes.

Ejemplos de intolerancia y arbitrariedad hay muchos en la historia reciente y cercana. Los ejemplos de inclusión democrática son más difíciles de encontrar y se construyen más lentamente con una sociedad igualitaria y justa por antonomasia.  Prohibir y reprimir es mil veces más fácil para el alma humana que permitir y tolerar.  Comprender y respetar es un ejercicio cívico mucho más difícil al ser humano de toda laya, estirpe o nación.

Por eso, el gran jurista español Pedro de Vega enseñó, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional celebrado de Sevilla en 2003, delante del que entonces era el heredero de la Corona Española, el Príncipe de Asturias, que el verdadero valor de la democracia no está en lograr que todos pensemos o sintamos del mismo modo, de manera uniforme.  El verdadero significado de la democracia –decía- se expresa en el hecho de que los seres humanos, en tanto seres sociales, podamos sentir, pensar, creer y amar de modo diferente; pero que, por encima de esas diferencias, y dentro del respeto y tolerancia hacia ellas, podamos convivir dentro de un código de comportamiento social común que nos permita, con profundo respeto a nuestras diferencias, desenvolvernos con respeto y paz recíprocos.

La tolerancia e inclusión, con la proscripción de su antítesis la prepotencia y el autoritarismo, deberían ser valores esenciales dentro de los que se desarrolle nuestra democracia constitucional, de cara poder salir del mejor modo y en el menor tiempo posible de la atroz pandemia que nos acongoja, que nos tiene limitados en nuestras libertades y nos ha hecho perder millones de puestos de trabajo, sumido en mayor pobreza y nos ha traído una profunda crisis económica, social y moral que nuestras actuales autoridades no han sabido -y no saben aún- manejar con acierto.  Esa debería ser la apuesta por nuestro mejor futuro en el corto y mediano plazo ad portas de un proceso de renovación de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo en pleno Bicentenario de la República.

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