CERRÓN RECURRE AL TC PARA ANULAR SENTENCIA Y SEGUIR EN CARRERA PÚBLICA

Busca salirse con su gusto. El ex gobernador de Junín y dueño del partido marxista leninista, Vladimir Cerrón, optó por recurrir al Tribunal Constitucional (TC) -a través de un recurso de habeas corpus- para tentar anular la condena por corrupción que se le impuso y que fue ratificada al revocarse una resolución que lo favorecía.
Trascendió que el documento fue ingresado al TC el último martes, Cerrón Rojas insiste en que dicho organismo anule la pena de cuatro años suspendida que se le impuso al ser encontrado responsable del delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano-Gobierno Regional de Junín.
Cabe señalar que sobre Cerrón Rojas pesa también una medida de inhabilitación por un año para asumir cargo público, que viene siendo judicializado por parte del expresidente regional, quien recientemente apeló la decisión del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín que rechazó su pedido para dar por cumplida dicha pena accesoria.
Ello, debido a que las entidades implicadas no habrían sido notificadas con la medida y por ende, no habría surtido efecto.
Además, debe pagar una reparación civil de S/850 mil que se le impuso como parte de su condena en 2019. Con ayuda de sus correligionarios, hasta el momento, Cerrón Rojas ha abonado S/650 mil en menos de dos años.
Ahora bien, según señalan algunos juristas, si el Tribunal Constitucional acoge el pedido de Cerrón, este quedaría exento de responsabilidad penal y con ello las sanciones impuestas en su contra desaparecerían, incluida la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Que el Tribunal Constitucional conforme al último párrafo del artículo 20° del Código Adjetivo Constitucional REVOQUE la sentencia de vista contenida en la resolución N°14 de fecha 28 de junio de 2021, y procediendo a pronunciarse sobre el fondo de la demanda de Hábeas Corpus la declare FUNDADA en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho que se expondrán en líneas posteriores”, solicitó a través de su defensa.
La demanda se interpuso contra los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín y otros.
El magistrado José Luis Sardón fue designado como ponente del caso y el expediente fue derivado a la Sala 2 del Tribunal Constitucional, integrado además por los magistrados Ernesto Blume y Augusto Ferrero Costa.

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