COBROS PARA ACCEDER A CAMAS UCI IMPLICA UN HOMICIDIO CALIFICADO

Gran estupor ha generado en la opinión pública, la noticia de la investigación a cargo del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por la venta de cupos para las camas UCI destinadas exclusivamente a los contagiados por covid-19, a soles S/. 85.000,00 en el Hospital Almenara de la red de ESSALUD, que se puede interpretar como un estado anómalo sobre la moral del bien y del mal.

                          Julio Ubillus, fue procurador en el Congreso de la República.

Estos hechos agravian, no solamente lo ético y moral de una sociedad, sino que también afectan una serie de derechos que cautela la legislación penal.

Según la información proporcionada por la Unidad de la Fiscalía, de las primeras diligencias se ha establecido que la modalidad consistía en burlar la lista de pacientes que esperaban cama UCI para salvar sus vidas, quienes, en silla de ruedas en los patios del hospital, aguardaban en el orden en el cual deberían ser atendidos según registro.

Por esta infame práctica, seguramente fallecieron varios asegurados no atendidos al birlase su orden de tratamiento. Una ONG conformada por unos desalmados, triangulaba con empleados y, tal vez médicos, para eludir el riguroso orden de asistencia abonando S/.85 000,00 soles por cama.

El haber dejado morir a asegurados, que contaban con una orden de atención en las camas UCI por Covid, constituye según el Código Penal (Art. 108-Inc. 1°) Homicidio calificado por codicia, etc.; debiendo encaminar las investigaciones preliminares a determinar cuantos han fallecido esperando vanamente atención a la cual tenían legítimo derecho, por ser asegurados y por encontrarse programados para salvar sus vidas.

Esta figura delictiva, tiene que ser analizada en todos sus extremos porque, de por si era imposible infringir el deber jurídico de respetar la vida, pues contó con toda una organización criminal, integrada probablemente por empleados administrativos por falsear los protocolos médicos de atención, pasibles de delito de abandono de personas, como una circunstancia agravante; enriquecimiento indebido en un concurso real de delitos.

Para pivotar esta atrocidad, se utilizó una Organización No Gubernamental “Donantes de Esperanza”, que desconocemos si está registrada o si es fiscalizada por el APCI-Agencia Peruana De Cooperación Internacional.

Habiendo sido detenidos Ana Cecilia Aróstegui (tesorera de la ONG Donantes de Esperanza), Iraida Vanessa Muñoz, Pedro César Pino (coordinador de la Red de Salud Almenara), Sebastián Bazalar Aróstegui (familiar),Miguel Ángel Agarini (familiar), Luis Diego Alejandro Moreyra (familiar), Pedro César Pino (coordinador de extensión y cobertura de la Red Prestacional Almenara), Piero Jesús Pino (familiar) y Vanessa Recuenco Ochoa (familiar).

La sociedad espera una rápida y pronta investigación, sanciones ejemplares y transparencia para informar a los medios de comunicación social estos terribles hechos; ahondando las pesquisas sobre (una posible) misma perversa práctica en otros hospitales del Estado. (Fotos: Ministerio Público y Andina)

 

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