DE LUTO Y MIRANDO DE COSTADITO

Escribe. Aníbal Quiroga León

Profesor principal PUCP. Jurista

La muerte de Abimael Guzmán ha cogido en mal pie al gobierno del presidente Castillo. Jaqueado por las graves acusaciones de una vinculación serial con el MOVADEF, esa secuela “legalizada” de SL, con más de un ministro seriamente involucrado con esa ideología que pretende subirse al carro del poder logrado por Castillo, con algunos otros ministros que tratan de zafar el cuerpo mirando de costadito viviendo su particular luto y algunos otros francamente opuestos a este matrimonio político -lo que da lugar a un esperpento de gabinete ministerial con el que se pretende gobernarnos-, el deceso del líder de SL demuestra palmariamente la indefinición y zozobra del corazón “partío” del gobierno.

Desde el silencio que aúlla lastimeramente, pasando por el sí, pero no, de algunos, hasta la mentira de los lobos que se presentan con piel de cordero -como el caso del PCM Bellido-, hasta los pocos que francamente han abjurado de todo lo que AGR puede haber significado en nuestra historia reciente de la más grande crisis de violencia política, de muerte, destrucción y atraso en aras de ideales desvariados, que hemos sufrido hace cuatro décadas.

La primera constatación, con estupor, es que la ideología de SL no ha muerto con la ausencia física de su líder. Hay gente, demasiada, que aún cree en esa vía violentista para imponer sus crueles ideales y a los que las “pelotudeces” democráticas les tiene sin cuidado. La segunda constatación es la fractura misma al interior del gobierno, de sus ministros y su relación con el partido-cobijo PL -y con su jefe Cerrón- de quien un ministro de Estado ha declarado sin ambages que es una nociva influencia para Castillo, nada menos.

AGR murió en prisión cumpliendo una de las cadenas perpetuas que una Corte de Justicia le había impuesto, dentro de una democracia y un proceso constitucional legítimo. Mucha gente hubiese querido que se le asesine y torture, que se le elimine, tal como él ordenó hacerlo con más de 30000 personas, según cifras de la CVR. Nada más nocivo para el Estado de derecho. Si AGR cumplía legítimamente una condena, y el Estado solventaba su alimentación y cuidado médico, como correspondía, fue precisamente por esa mayor dimensión moral que el Estado de derecho tiene en una democracia, y que le permite alzarse y poder juzgar las conductas anómalas de sus ciudadanos, por más descarriados que sean.

Justamente una de las estrategias de SL fue la de hablar con “conflicto armado interno” y la de equiparar los graves crímenes de sus huestes con la defensa y represión legítima del Estado. “Eran fuerzas beligerantes” dicen, y hubo violencia de ambos lados, añaden, pretendiendo igualarse moralmente con el Estado para intentar ser considerados como parte y parte. No como los delincuentes terroristas que fueron, o son, sino como “partes beligerantes”.

Pero AGR cumplía una condena legítima impuesta legítimamente por un Estado de derecho que respetó su vida, su integridad física y su salud. Por eso nadie pudo cuestionar ni su captura, ni sus juzgamientos, ni las imputaciones que se le comprobaron, ni sus gravísimas condenas. Por eso estuvo donde estuvo, y por eso murió donde murió, en el tópico de una prisión, como las leyes del Estado democrático lo previeron. Grave error histórico habría sido actuar en forma diferente deslegitimando la defensa del Estado frente al terror, deshonrando el sacrificio de tantos que ofrendaron sus vidas, su integridad física, o que fueron las inocentes víctimas de la insania de SL.

Cuenta un ex PCM de aquellas épocas, de breve paso por el poder, que en aquel entonces afiebrados asesores presidenciales de antaño sugirieron al presidente autócrata del momento fusilar a AGR al amanecer, en la isla San Lorenzo. Cuenta que ya estaba listo el decreto ley del consejo de ministros autoritario de entonces autorizando lo que a todas luces habría sido un gravísimo error político, humanitario y habría victimizado a AGR, que luego de ese crimen habría sido ensalzado hacía los altares del sacrificio, generando una evidente responsabilidad internacional. Felizmente la cordura se impuso y tal despropósito nunca llegó a materializarse. Y es que -contrario a lo que se piensa- para matar no se requiere mucho valor, todo lo contrario, suele ser un acto cobarde y de abuso; para respetar la vida y convivir en tolerancia es que se requiere de mucha valentía y contención democrática. Esa es la ley que diferencia toda sociedad violentista de las comunidades verdaderamente democráticas.

A muchos esto llamará la atención y pensarán que aquello fue un error.  En verdad, fue todo lo contrario. Su juzgamiento, condena y cumplimiento de su pena, viendo como en tres décadas la vida se le escapaba de las manos entre los barrotes de una celda, conforme a la ley del Estado fue, entonces, la mejor decisión. Hoy lo tenemos absolutamente claro.  AGR ha desaparecido del mundo de los seres vivos y se ha ido con todo su lastre de terror, destrucción, miseria, muerte y desolación. Ahora solo falta, con verdadera inteligencia y en democracia, terminar de derrotar -del todo- políticamente a su oprobiosa ideología.