ADVIERTEN QUE GOBIERNO QUIERE IMPONER LA MORDAZA CHAVISTA

Sociedad Nacional de Radio y Televisión, advierte que el proyecto de Perú Libre busca controlar a los medios de comunicación; IPYS señala propuesta es inconstitucional y canciller Maúrtua dice que le preocupa

Amenaza a la libertad de prensa | elcato.org

La propuesta de Perú Libre sobre medios de comunicación, colisiona directamente contra la libertad de expresión y perfila el interés del gobierno de avanzar hacia la aplicación de si proyecto de control de la sociedad al estilo de los regímenes comunistas-chavistas de Cuba y Venezuela.
El proyecto de ley presentado por el congresista Abel Reyes, de Perú Libre, que propone declarar de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico” de la radio, la televisión y otros medios de comunicación, no tiene respaldo entre las bancadas de oposición en el Parlamento.
La propuesta de Reyes- que lleva las firmas de los parlamentarios oficialistas María Agüero, Álex Paredes, Silvana Robles, Guillermo Bermejo, Jhasmina Paredes y de Waldemar Cerrón– también establece en su artículo 4 que el gobierno “con carácter excepcional y transitorio” podrá asumir la prestación directa de determinar servicios o explotación de redes de telecomunicación.

Preocupación en la Cancillería

Desde el propio Gobierno el canciller Maúrtua manifestó su preocupación por que la disposición busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.
“Como todo peruano estoy preocupado porque hemos tomado nota del proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso”, manifestó el canciller en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Todo eso colisiona con los instrumentos de carácter multilateral, como lo son la Convención de Naciones Unidas Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión, al igual que la Convención Americana de Derechos Humanos, por ende es algo que ciertamente afecta compromisos internacionales y que están inmersos, a su vez, en ámbitos tan puntuales como los derechos humanos, de los cuales, está administración del presidente Castillo, es fundamentalmente solidaria y está muy comprometida” prosiguió.

Control Total

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Cabe resaltar que la propuesta señala que los medios de comunicación son “un servicio público de competencia de la Nación” que debe ser “protegido y promovido por el Estado”. También afirma que el Gobierno podrá determinar disposiciones “temporales” de obligatorio cumplimiento para los operadores.
Entre tanto, Jorge Baca-Álvarez,  director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, advirtió que el citado proyecto de ley de medios  busca controlar a los medios de comunicación
Señaló que esa propuesta también establece que el gobierno, con carácter excepcional y transitorio podrá asumir la prestación directa de determinar servicios o explotación de redes de telecomunicación.
Baca-Álvarez consideró que la intención es “quedarse con los medios de comunicación” y exhortó al presidente Pedro Castillo a realizar un claro deslinde del “despropósito” del congresista Reyes y de la bancada oficialista.
En un pronunciamiento publicado ayer, el Instituto Prensa y Sociedad –IPYS- dijo que la propuesta amenaza directamente la libertad de expresión
“Es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado. La Constitución brinda garantías para informar libremente, sin censura previa”.
En concreto, el proyecto hace a un lado la ley que norma el funcionamiento de los medios que son concesionarios del espectro electromagnético (radios, televisoras), la cual establece sus derechos y obligaciones sin desmedro de su independencia.
Hay un peligro expropiatorio implícito, pues le otorga al Ejecutivo una facultad vaga para distribuir de manera “justa y equitativa” el espectro radioeléctrico. También tiene carta abierta para asumir de manera directa la prestación de determinados servicios en “casos de emergencia”.

“Castillo, respete los principios de la libertad”

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El IPYS encuentra detrás de la propuesta un propósito controlar contenidos de los medios de comunicación para limitar la crítica y fiscalización. Lo hace en nombre de una mayor pluralidad y diversidad de medios y mensajes informativos. Esto, sin embargo, puede ser alcanzado sin violentar la Constitución ni afectar la libertad de prensa.
El IPYS pide al presidente Pedro Castillo respetar los principios de defensa de la libertad de expresión conforme se comprometió al suscribir la Proclama Ciudadana, el pasado 17 de mayo.
Lo exhorta a suscribir la Declaración de Chapultepec, que sintetiza los estándares democráticos para el funcionamiento de los medios, sobre la base de principios pensados para beneficiar con mejor información a las sociedades. Le solicita, por lo tanto, deslindar con el proyecto de Perú Libre, y gobernar con la mayor transparencia, enfrentando a las críticas y corrientes opositoras como corresponde a un mandatario democrático.

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