CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO PARA EL PROCESO CONSTITUCIONAL

Escribe: Aníbal Quiroga León

Jurista. Profesor Principal PUCP

La defensa de las constituciones modernas viene escrita en su propio texto.  Unos le llaman jurisdicción constitucional (influencia francesa).  Otros le llaman justicia constitucional (impronta española).  La tendencia moderna es llamarle Derecho Procesal Constitucional, sobre todo en Iberoamérica.
La constitución tiene  dos grandes formas de defenderse: con las acciones de control orgánico en que se defiende a sí misma haciendo prevalecer la supremacía constitucional o con las acciones de garantía en que defiende los derechos fundamentales (DDFF) de sus ciudadanos.
Las primeras son mecanismos directos para proteger el texto constitucional (la acción contra una ley del Congreso, p.ej.)   Las segundas son parte de la jurisdicción de la libertad y comprenden al amparo, el hábeas corpus, el hábeas data y la acción de cumplimiento.
El Perú es el único país de Iberoamérica que ha sistematizado todas las acciones del control y de garantía constitucional, así como el quehacer del TC, en una sola ley orgánica que conocemos como “Código Procesal Constitucional”.

¿Por qué en los demás países de Iberoamérica no ha logrado redactar un texto similar y en algunos hasta parece tarea imposible? 

A despecho de algunos, me cupo esa iniciativa el 13 de septiembre de 1996 cuando entonces señalé la necesidad de contar con ese código desde “El Comercio” con el artículo: “La judicial review en el Perú”, y donde desarrollaba sus alcances básicos. Fue la academia, y no el Congreso, quien elaboró el borrador de ese importante cuerpo normativo en su primera versión.  Si bien sus autoconvocados autores no eran todos los que debían (faltaron algunos y sobraron otros), redactaron un buen texto que, en una conjunción astral del Congreso, lo aprobó raudamente como ley orgánica sin grandes modificaciones rigiendo desde 2014 el trámite de los procesos constitucionales y el principal quehacer del TC.  Hoy ese Código Procesal Constitucional ha pretendido ser cambiado por el fenecido Congreso corto y mocho, enteramente populista y que feneció del todo el pasado 27 de julio, por un “nuevo Código Procesal Constitucional” que, en puridad, es el mismo que el anterior, sobrescrito groseramente, con algunas adiciones y precisiones necesarias, y el cambio en la numeración de sus artículos, como gran aporte.  Un verdadero exceso conceptual.
¿Por qué en los demás países de Iberoamérica no ha logrado redactar un texto similar y en algunos hasta parece tarea imposible?  Porque el control constitucional lleva aparejado el control del poder político, y al poder político no le gusta ser controlado, ya que sus procedimientos tienen un alto contenido de control político, lo que se grafica en los avatares y vaivenes que sortea a diario el TC.  Porque no en todos los países a lo mismo se le llama lo mismo, y porque en todos los países todos quieren ser “kelsenes” latinoamericanos inventando la pólvora en una lucha de egos académicos.  Cuando no falsificando títulos y grados que no se han ganado, inflando los pocos conseguidos o plagiando malamente a los propios discípulos. Y porque en todos se cree que sus constituciones son únicas y que regulan cosas muy especiales de cada país, involucrando un falso concepto de “soberanía constitucional”, sin percatarse que hay mucho más de comunidad y de lugares comunes, que de diferenciación.  Los estados constitucionales de derecho responden a un molde más o menos uniforme de separación de poderes y órganos constitucionales, donde la verdadera diferenciación está en los adornos políticos y las superficialidades, antes que en la esencia que es básicamente uniforme.  Y no se diga nada de la defensa y el catalogo de los DDHH, ya que -con más o menos palabras- en todos los países se defienden y comprenden los mismos derechos fundamentales, por más que su fraseo pudiera diferir un poco. Un viejo adagio del derecho romano enseña que “las cosas valen por lo que son, y no por el nombre que se les de”.
En lo que no reparan es que las instituciones son siempre las mismas, el fundamento el mismo y el objeto también.  Todos los países democráticos de derecho quieren tener una Constitución escrita que se respete, que sea su cúspide jurídica y política, división de poderes, que haya control interpoderes y un adecuado desarrollo de la interpretación constitucional.  Todas las naciones defienden la vida, la libertad y la no discriminación de las personas en sus diversas dimensiones.  Y, finalmente, todos anhelan una forma democrática en un Estado de derecho, con elecciones periódicas y libres, y con la necesaria alternancia democrática en el poder.
Creo sin ambages que se debería intentar contar con un “Código Modelo para Iberoamérica” que condense del mejor modo los lineamientos comunes de los grandes procesos constitucionales y de la jurisdicción constitucional, de manera que cada uno de los países se sirva de ese modelo con instituciones que -en el fondo- son las mismas, mejorando sus procesos internos. ¿Porque no?  Un reto y un sueño pendiente para la academia iberoamericana.

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