LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CARTILLA DE VACUNACION

Escribe: Aníbal Quiroga León

Jurista. Profesor Principal PUCP

En principio, todos los derechos fundamentales pueden sufrir restricciones o limitaciones. Ningún derecho es absoluto en un Estado constitucional de derecho. El punto está en que estas limitaciones o restricciones sean razonables.  Por ejemplo, el derecho de libre tránsito (ius movendi) está limitado por que se tenga un DNI, el derecho para salir del país es limitado por que se tenga un pasaporte y un registro y, así, sucesivamente.  Entonces la pregunta es si exigir el carnet de vacunación en medio de una pandemia con una enfermedad mortal que puede afectar a la persona, a su familia y al resto de la comunidad con una altísima potencialidad de contagio -porque los vectores de contagio son muy rápidos, muy fuertes y en algunos casos letales-, es o no razonable.  En mi concepto es una limitación razonable producto de circunstancias porque de esa manera, al tener una mayor inmunización grupal o social, se protege a la persona su familia y la colectividad.  Es, por tanto, una medida gubernamental perfectamente constitucional. En Europa o en los EEUU sólo minorías cuasi anarquistas discuten eso.

La libertad y los derechos fundamentales pueden ser excepcionalmente restringidos o regulados en función de las circunstancias que se den

La razonabilidad de una decisión se mide sobre la base de las circunstancias. Somos el país con más muertos por cada 100,000 habitantes en el mundo, ese oprobioso récord justifica razonablemente la obligatoriedad de la vacunación y el hecho de tener que proteger al resto de la comunidad.  Esta aún desconocida enfermedad tiene un nivel de contagio muy grande, muy rápido y con sus diversas variantes ya comprobadamente letales. Ahí están los conciudadanos agonizando en las UCI’s, o los dolientes deudos de quienes han tenido la desdicha de perder a sus seres queridos, como dramático testimonio de todo lo dicho.
No queda duda, por tanto, que la vacunación protege el derecho a la vida del resto de la comunidad de la familia de la persona y la propia persona.
Por ejemplo, si hay una desgracia nacional o un desastre natural es normal que haya restricciones a la circulación y en la libertad de tránsito de las personas, lo mismo si hay un tsunami o si se cae un avión o si hay algún tipo de evento trágico o una invasión extranjera.  Es absolutamente normal que se presenten ciertas restricciones razonables de las libertades de las personas.
Entonces, la libertad y los derechos fundamentales pueden ser excepcionalmente restringidos o regulados en función de las circunstancias que se den. Esta discusión ya se está dando en Europa y son grupos marginales o minoritarios o anarquistas los que minoritariamente se oponen con razones  pueriles que no tienen una gran significación;  pero no queda duda de que en el mundo hoy hay miles de millones de personas vacunadas y lo que se ha logrado con ello es una mayor inmunización global para retomar la vida casi normal en el todo el sentido de la expresión (presencialidad laboral, escolar,  universitaria y social) y, por lo tanto, una mayor protección frente una enfermedad muy contagiosa y que puede tener consecuencias letales.
En el caso Perú hay más de 200,000 muertos que ya no pueden hablar por sus derechos y que ya no pueden expresarse, quejarse o dejarse sentir porque justamente fueron contagiados y asesinados por esta cruel enfermedad. Eso justifica largamente la exigencia del certificado de vacunación para ejercer determinadas actividades sociales, laborales, escolares o universitarias. La protección de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, es una evidente condición de razonabilidad frente a las exigencias ahora planteadas y pendientes de una debida ejecución.

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