CALIDAD Y AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Escribe: María del Pilar Tello

Los que protestan afirman que los directivos han sido elegidos por concurso meritocrático y no es cierto. La selección la hizo Francisco Sagasti a la cabeza de una Comisión de confianza del Ejecutivo.

 

Calidad y autonomía universitaria se complementan al punto que no existe una sin la otra. Y la ley 30220 que tiene como objetivo la calidad de la educación superior pone énfasis en la mayor participación de las universidades con respeto a su autonomía. Sin embargo, la grita respecto de la ley que acaba de ser aprobada para modificar el directorio de la SUNEDU afirma que existiría una supuesta contrarreforma. Nada más falso. Nadie pretende que retornen universidades que no cumplen con las exigencias de la SUNEDU que ha hecho un buen trabajo al licenciar solo aquellas que han mostrado calificaciones.
Pero las universidades por esencia deben defender su absoluta autonomía ya que no pueden subordinarse ni al gobierno ni a los intereses privados o comerciales para su funcionamiento y fines constitucionales. Los Estados y los gobiernos están obligados respetar la autonomía y a elaborar políticas que garanticen su concreción. Sin embargo desde la Ley Universitaria 30220 aspectos vinculados a la supervisión y el control de actividades de las universidades, como a su responsabilidad y legitimación social, han estado en manos de la SUNEDU que tiene a todos los miembros de su directorio designados por el poder Ejecutivo y dependientes del Ministerio de Educación.
Esto contradice abiertamente la autonomía universitaria. Los que protestan afirman que los directivos han sido elegidos por concurso meritocrático y no es cierto. La selección la hizo Francisco Sagasti a la cabeza de una Comisión de confianza del Ejecutivo. Bienvenida la ley que restablece la autonomía universitaria al superar esta subordinación y recuperar la presencia representativa de las universidades públicas y privadas y de los colegios profesionales.
El Ejecutivo ya no podrá interferir como lo ha venido haciendo con las funciones y decisiones propias de las universidades a las cuales el art 18 de la Constitución otorga potestad y plena autonomía. La inexistente contrarreforma es solo una invención propagandística.
 

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