PIDEN SALIDA DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN AUDIO DE VILLAVERDE

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter señalaron que esta nueva evidencia de corrupción en el nivel más alto del Gobierno debe significar la separación de los funcionarios que hayan estado involucrados, así como la aplicación de las sanciones de ley correspondientes.

Asimismo, hicieron mención de que el Ejecutivo debe estar dispuesto a brindar su colaboración en la investigación que realice el Ministerio Público y precisaron que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe ser quien muestre esta voluntad.

El presidente Pedro Castillo será investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por presuntamente encabezar una organización criminal que se habría dedicado al tráfico de obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en otras instituciones a cambio de beneficios económicos y otros dividendos.

“Cien grandes para usted”

Cabe recordar que el jueves se difundió la transcripción de una grabación de audio de una presunta conversación entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El documento de 6 páginas muestra que el hoy encarcelado empresario habría hecho entrega de una coima al exfuncionario del Gobierno.

La transcripción señala que el encuentro entre ambos se habría dado el 4 de noviembre de 2021. En la primera página se lee que el empresario entrega “cien grandes” por parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) al exministro Juan Silva.

“Los amigos de TAPUSA han mandado, acá me han mandado un presente para usted… CIEN GRANDES PARA USTED, para usted, este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, indica Villaverde de acuerdo con el documento.

Tapusa es parte del Consorcio Puente Tarata III que ganó el contrato de 232.5 millones de dólares para la construcción del Puente Tarata sobre el Río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín. El contrato fue firmado en noviembre de 2021.

Dicho contrato fue declarado nulo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fines de enero de este año, luego de que se revelara que el consorcio, que fue asesorado por la empresaria Karelim López habría sido favorecido en el concurso para lograr la obra.