LA RESPONSABILIDAD RECAE EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Escribe: Alfredo Vignolo G. del V.

 

Perdonen ustedes, pero cuando todos los estamentos del Estado se ponen de rodillas, es difícil defender la democracia y la constitucionalidad.

La historia se encargará de juzgarnos.

 

El Habeas Corpus presentado por la defensa del presidente Castillo fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional, por lo tanto, se ordenó la nulidad del informe final y el proceso aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en su contra por el delito de Traición a la Patria.

“El Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar fundada la demanda de habeas corpus y declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional No. 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria”, se lee en la resolución del Tribunal Constitucional.

Es pertinente poner en antecedentes todo lo acontecido a la opinión pública.

El primero de febrero seis patriotas presentaron la acusación constitucional contra Castillo, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al amparo del artículo 89 del Reglamento del Congreso que tiene rango de ley. En ese entonces la congresista Rosio Torres de Alianza para el Progreso presidía la subcomisión, de acuerdo a los plazos establecidos en el citado artículo 89, esto debió concluir indefectiblemente en vísperas de Semana Santa, sin embargo dilató el proceso primero al no agendarlo oportunamente, luego con las famosas Semanas de Representación, posponiendo las audiencias; siendo el congresista-delegado en ese entonces Wilson Soto de la bancada de Acción Popular, a quien se le encargó la redacción del Informe Final.

Es recién el 8 de agosto que el congresista Soto, remitió el Informe Final para que este sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; al cambiarse la Mesa Directiva del Congreso, se recompuso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con integrantes que estaban impedidos de hacerlo de acuerdo al literal d, del artículo 20 del Reglamento del Congreso, que dice “Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los Congresistas están prohibidos:” d) De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales.

Ni el secretario técnico de la subcomisión, ni la congresista Lady Camones presidenta de la subcomisión, ni los demás integrantes se dieron cuenta que tres de ellos no podían ser miembros, pero empezaron a dilatar increíblemente todo el proceso; el congresista- delegado fue Diego Bazán de Avanza País, quien lo sustentó y fue aprobado, recién el 11 de noviembre, es decir después de tres meses, recayendo gran parte de culpa en la congresista Camones y remitido en su oportunidad a la Comisión Permanente, donde se le convocó a Castillo para que declare el 16 de noviembre, en la víspera presento un escrito pidiendo todas las actas para estudiarlas y en paralelo sus abogados defensores presentaron el habeas Corpus ante el Tribunal constitucional.

El presidente del Congreso en vez de acatar lo dispuesto en el artículo 89 del reglamento, aceptó lo solicitado por Castillo, sabiendo muy bien que Castillo estaba al tanto de todo desde que se incoó la acción en febrero; inclusive en el documento enviado al presidente del Congreso, José Williams, Castillo alega que tanto él como su abogado José Palomino Manchego no han sido notificados oportunamente de los alegatos de la subcomisión que preside Lady Camones, lo cual es falso.

El contubernio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo queda fehacientemente demostrado cuando el procurador adjunto del Congreso, Yuri Iván García Cano, tuvo una pésima participación para sustentar la denuncia contra Castillo ante el pleno del Tribunal Constitucional. En aquella oportunidad, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse le preguntó “¿Cuál es el acto típico en que ha incurrido el presidente de la República para poder imputarle un presunto delito de traición a la patria?”. “Si es que vemos el informe final, lo que está recomendando es un delito no consumado, conforme se desprende del informe final que ha presentado la Subcomisión, por lo que lo califica en un acto de tentativa”, respondió infantilmente el procurador.

No obstante, Gutiérrez Ticse cuestionó dicha intervención: “¿La opinión es un delito? Esa postura me preocupa mucho”, dijo.

Con tal posición del procurador se cerró el telón vergonzoso, bastaba responder cuando un presidente dice algo que puede afectar el territorio nacional, está abdicando de su función, pero además está infringiendo el artículo 325 del Código Penal que trata sobre los delitos contra el Estado y la defensa nacional. Porque ese artículo dice, hablando del atentado contra la seguridad nacional, el que practica un acto dirigido a someter a la República a una pretensión foránea, es decir, de darle a Bolivia una salida al mar y esto por razones ideológicas porque no puede el presidente dejar de lado que hay una corriente política en nuestro continente que viene del grupo de Pueblo y del Foro de Sao Paulo”.

Además, no es necesario que se cometa porque es un delito de mera actividad, es decir, ha habido una expresión que compromete al país porque, Castillo tiene que entender que cuando habla personifica a la nación y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces cuando dice que haya una salida al mar ¿Qué está haciendo? está dando una expectativa a un país hermano y nos crea problema con otros países limítrofes.

No olvidemos tampoco, que Castillo ha hecho reiterativos pedidos ante el Poder Judicial (PJ) para detener los procesos que se llevan a cabo en el Congreso de la República, basta ya de usar el Poder Judicial para judicializar la política, para tratar de defenderse de investigaciones propias de un Congreso de la República con acciones de amparo, habeas corpus y demás, que hoy han dado sus frutos.

Perdonen ustedes, pero cuando todos los estamentos del Estado se ponen de rodillas, es difícil defender la democracia y la constitucionalidad.

La historia se encargará de juzgarnos.