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MINISTERIO PÚBLICO ABRIÓ 8 INVESTIGACIONES FISCALES POR MUERTES EN PROTESTAS

No quedarán impunes. Entre diciembre del año pasado y enero del 2023, el Ministerio Público abrió 8 investigaciones fiscales específicamente por las muertes de 42 ciudadanos, ocurridas durante las protestas registradas en el sur del país. De igual manera, se procedió a la detención de 390 personas por alterar el orden público.

Así lo informó hace instantes el propio Ministerio Público mediante una nota  de prensa propalada a través de su cuenta oficial en Twitter. En la misma, se precisa que adicionalmente se han abierto un total de 17 carpetas fiscales referidas al caso de los ciudadanos que resultaron con heridas producto de las manifestaciones.

“En total, se iniciaron 11 investigaciones preliminares contra los que resulten responsables de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima”, precisa el Ministerio Público.

De igual manera, se informó que se han abierto 80 carpetas fiscales para investigar los delitos cometidos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Y, adicionalmente, existen 3 carpetas fiscales por los ataques perpetrados en contra de las sedes del Ministerio Público.

LOS FALLECIDOS

Asimismo se indicó que, de acuerdo a las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías Penales, Prevención del Delito, y Contra la Criminalidad Organizada, se ha determinado que producto de los enfrentamientos producidos durante las protestas, se registraron 42 fallecidos, entre los cuales se incluye el efectivo policial que fue quemado vivo.

Las cifras oficiales revelan, además, que hay 531 heridos de los cuales 355 son civiles y 176 agentes de la Policía Nacional. “Se ha registrado la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, a quienes se les investiga por los presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos”, indica el informe de la fiscalía.

“De esta manera, el Ministerio Público garantiza que las investigaciones se realicen con estricto respeto a las leyes que rigen en el país y la defensa de los derechos humanos con orden, firmeza y celeridad”, concluye el informe.

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