GRACIAS, POLICÍA NACIONAL
Por Luis Gonzales Posada.
El 2006 se produjo un paro de protesta contra la minera china Shougang, en Marcona, Nasca, departamento de Ica, que incluyó el bloqueo de la pista de acceso a la ciudad y actos de violencia, no graves, pero que afectaban a empresarios, comerciantes y pobladores de la zona.
En esas circunstancias, viajé al centro del conflicto y pude comprobar varios hechos significativos. Lo primero, el sacrificado trabajo de la policía, trasladada de diversos lugares para garantizar el orden público.
Un centenar de efectivos llegaron en varios camiones, que utilizaron como dormitorios, soportando incomodidades y altas temperaturas. La comisaría, ubicada frente a ese original campamento, en un local deteriorado, facilitaba precarios baños y servía de cuartel general para planificar acciones, evaluar resultados y hacer ajustes operativos.
Con un admirable espíritu de servicio y disciplina, los efectivos cumplieron eficientemente su trabajo, protegiendo a una corporación minera indolente, que ni siquiera les proporcionaba alimentos o una línea telefónica para que contactaran con sus familiares.
Shougang fue la primera empresa pública privatizada. Su desempeño resultó negativo para la comunidad. Perverso, diríamos mejor. Al asumir la propiedad del complejo despidieron a mil quinientos trabajadores y desalojaron a 600 familias de sus viviendas, construidas 35 años atrás por la estadounidense Marcona Mining Company.
Sin embargo, como si se tratara de un área ocupada militarmente por el enemigo, después del desalojo cortaron la luz y el agua, para luego tapiar puertas y ventanas de las casas.
SURGIÓ, ASÍ, UNA CIUDAD FANTASMA.
Más aún, a pesar de tener un terreno concesionado de 640 km2, no aceptaron donar a la municipalidad 1 km2 para expansión urbana. A pesar de conocer esos abusos, la Policía cumplió su labor de resguardar el orden público, como hace ahora desbloqueando carreteras y arrostrando turbas extremistas que atacaron aeropuertos, ambulancias, locales públicos y privados, tarea donde se juegan la vida todos los días, como hizo el suboficial José Luis Soncco, a quien infames subversivos quemaron vivo en su patrulla.
Así también sucedió en las agresivas movilizaciones del 2020, promovidas por el Partido Morado, un infame episodio en que vándalos atacaron a los gendarmes con piedras, palos y armas hechizas, escupiéndoles y lanzándoles pintura roja por cumplir su patriótica labor de evitar que delincuentes camuflados de manifestantes ingresen al Congreso para incendiarlo.
Y después, el beneficiado políticamente con las asonadas, Francisco Sagasti, alcanzó la presidencia y desde ahí difamó a los defensores del orden responsabilizándolos de dos muertes, sin ninguna prueba, y pasando al retiro a 19 generales de alta calidad profesional.
Sin duda, fue un capítulo oscuro y oprobioso de nuestra historia republicana, del que todavía no han respondido autores y cómplices de esos sucesos.
Ante esa realidad, ¿pensamos en la angustia que han sufrido y sufren los familiares de los policías cuando salen a las calles a protegernos no solo de los violentistas sino de criminales, incluyendo bandas de sicarios?
¿Recordamos acaso que combatiendo al terrorismo murieron 2590 militares y policías y 1423 quedaron discapacitados?
¿Tenemos presente que la Policía estuvo en la primera línea de lucha contra la pandemia, muriendo 787 miembros y 50,616 resultaron contagiados, según cifras del Ministerio del Interior?
En ellos pienso cuando una congresista –que cuenta con resguardo de dos efectivos– afirma sibilinamente que la Policía intenta ingresar al campus de la Universidad de San Marcos para hacer “lo que les da la gana”. ¿A ese extremo de sectarismo, mediocridad y barbarie hemos llegado?
¿Acaso hemos escuchado al Gobierno anunciar que, así como ofrece resarcir económicamente a familiares de personas fallecidas en las marchas, también hará lo mismo con las familias de agentes que murieron o quedaron heridos enfrentando la subversión, la delincuencia y las asonadas extremistas, incluyendo esta última?
¿Algún día oiremos a legisladores de izquierda agradecer a la PNP por repudiar el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y detenerlo por orden de la Fiscal de la Nación?
En estos momentos turbios y dramáticos, de furia y desunión, donde aves carroñeras de la política, algunos con membresía parlamentaria, pretenden destruir todo para conducirnos a la nada, al caos y al aniquilamiento de principios y valores, el trabajo policial solo merece la gratitud de los peruanos que creemos en la paz y la libertad. Sin ellos la democracia hubiera sucumbido y los subversivos estarían al mando de la nación.