Un nutrido grupo de 567 ciudadanos denunciaron al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber puesto el Ministerio Público al servicio de la ONG de izquierda IDL.
exigen un procedimiento disciplinario inmediato contra Sánchez Velarde, con miras a su suspensión
Las personas que suscriben el documento exigen un procedimiento disciplinario inmediato contra Sánchez Velarde, quien habría «permitido la intervención de particulares en acciones propias del MP».
El conglomerado considera que, tomando el caso de Patricia Benavides y «atendiendo a la igualdad en la aplicación de la ley, debería proceder a su más pronta suspensión en el cargo».
La denuncia, con fecha del último lunes 25 de marzo, se basa en una presunta gestión realizada por la periodista Romina Mella, de IDL, a nombre de Pablo Sánchez.
De acuerdo a las conversaciones de Telegram publicadas por el programa‘Beto A Saber’, Mella fungía de emisaria o de relacionista público de Sánchez, entonces fiscal de la Nación, con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol, a quien invitó a una actividad en la que iba a participar el extitular del Ministerio Público.
Dallagnoles el fiscal que tenía a su cargo la mega investigación del caso Lava Jato; es decir, era una especie de Rafael Vela Barba de Brasil.
Como se recuerda, según Jaime Villanueva, Romina Mellatenía un escritorio en el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, en donde revisaba documentos reservados y escribía en una computadora.
Entre los cientos de firmantes de esta denuncia figuran el exmiembro del GEIN José Luis Gil; los exministros Ismael Benavides, Luis Gonzales Posada y Rafael Rey; el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; la secretaria general del Apra, Belén García; el exdecano del Colegio de Abogados de Lima Martín Belaunde; y el penalista Luis Pacheco Mandujano, entre otros.