OPINIÓN/ Nace el populismo minero. ¡Uno de los más peligrosos!

(El Montonero).- Luego de la masacre que cometió la alianza de la minería ilegal con el crimen organizado (13 trabajadores asesinados en la provincia de Pataz, en la región La Libertad) ha comenzado un desborde populista sin precedentes con el respecto al papel de la pequeña minería, mientras se relativiza la trascendencia de la gran minería. En este desborde demagógico incluso participa gente de derecha que ha luchado denodadamente en contra del progresismo. Una clara demostración de que los asuntos ideológicos y las narrativas deciden los grandes temas de la sociedad.

Sobrevalora el papel de la pequeña minería y se relativiza a la gran inversión

La nueva narrativa señala que el papel de la pequeña minería es igual al de la gran minería en el desarrollo nacional. Asimismo, se sostiene que las concesiones de la minería formal son demasiado extensas y hay acaparamiento, especulación, egoísmo y codicia. Semejantes fábulas son inaceptables y podrían convertirse en el programa revolucionario de cualquier plan chavista en el Perú.

La gran minería –es decir, una intensa concentración de capital y de las tecnologías más desarrolladas en la industria– es la única garantía de explotación racional de los recursos naturales sin destruir el medio ambiente, la sociedad y el futuro de las nuevas generaciones. Este argumento vale para todos los modelos de propiedad privada en la explotación minera; incluso para algunos estados de los Estados Unidos, en donde la comunidad es propietaria de la superficie y de los recursos del subsuelo. En Alaska, por ejemplo, las comunidades nativas son propietarias del subsuelo, pero ¿acaso a alguien se le ocurre reventar la demagogia del pequeño minero en contra de la gran minería? Allí todo es gran minería.

La gran minería requiere concesiones de alrededor de 10,000 hectáreas en promedio, porque la concesión se tituliza para captar recursos en el sistema financiero internacional y emplear las más altas tecnologías en la explotación de los minerales, ya sea en la minería de cielo abierto (tajo abierto, la minería de remoción de montañas y la de dragado) o en la minería subterránea, incluso, en la explotación que se desarrolla en el mar.

La gran minería es la única que puede garantizar la preservación del medio ambiente, el equilibrio de los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura y la ecología para las generaciones futuras. Igualmente es la única que posibilita que un país maximice la recaudación fiscal y la generación de empleo formal. Y uno de los hechos más importantes: es la única que garantiza la exploración permanente y la posibilidad de que un país se convierta en potencia minera, como los casos de Australia, Canadá y Chile. Cuando se acaba el recurso de un yacimiento la exploración permite que la industria continúe, y de allí la importancia del tamaño y la extensión de las concesiones formales.

En el Perú cerca del 14% del territorio nacional corresponde a concesiones formales de minería y los conflictos con la minería ilegal se están desatando en alrededor del 10% del total de esas concesiones legales. Una pequeña parte. ¿En qué áreas? En los lugares en donde la minería formal ha invertido en exploración y ha encontrado reservas que ahora son probadas. La minería ilegal en Pataz asalta y dispara en las reservas probadas de minera Poderosa, y los mineros ilegales en Apurímac invaden violentamente las zonas con reservas probadas de Las Bambas.

Estamos, pues, ante un simple robo de la propiedad privada que algunos pretenden envolver en temas sociales. Un robo de grandes inversiones en capital y maquinaria, pero que está convirtiendo en verdaderos basureros ecológicos las zonas de minería ilegal.

Semejantes reflexiones, ¿acaso significan que la pequeña minería no tiene un papel en el desarrollo minero? De ninguna manera. En Australia, Canadá y Chile, potencias mineras mundiales, la pequeña minería juega un papel importante. El gran problema del Perú es que ni el Estado ni el sector privado han liderado una propuesta integral de formalización minera que supere los fracasos del Registro Integral de Formalización Minera del sector Energía y Minas. Y, en este contexto, el Ejecutivo y las bancadas legislativas han priorizado el criterio político electoral considerando a la informalidad minera como un espacio para ganar votos.

Si las cosas son así, el Ejecutivo y el Congreso entonces deberían preservar a cualquier costo el régimen minero del Perú que ha posibilitado, en las últimas tres décadas, desarrollar inversiones de más de US$ 60,000 millones y crear más de un millón de empleos, entre directos e indirectos.