OPINIÓN/ Desagravio reputacional: Una deuda pendiente en la justicia

Escribe: María del Pilar Tello

 

En el Perú las denuncias públicas se convierten en condenas sociales inmediatas. El caso de Patricia Benavides —más allá de lo jurídico— es un símbolo de cómo se destruye la reputación sin un fallo firme.

Su restitución por la JNJ, visibiliza la urgencia de mecanismos de desagravio efectivo para proteger la dignidad de las personas. Porque el daño reputacional suele ser irreversible. La sola denuncia o investigación es tratada como sentencia condenatoria anticipada. Con el archivo no se absuelve, la «mancha» persiste y afecta la carrera, familia y vida personal.

En el caso de Patricia Benavides, antes de una acusación penal firme o la sentencia judicial, ya había sido tratada como culpable en espacios mediáticos y políticos. El desagravio no es impunidad, es justicia. Reivindicar a alguien  injustamente destituido no significa validar sus actos, es reconocer que el proceso fue irregular o injusto. Que fue acelerado, sin garantías plenas y basado en pruebas poco sólidas o peor aun impulsado por intereses de poder. La justicia debe castigar culpables pero también reparar inocentes.

Muchas denuncias no buscan justicia, buscan desgaste político, venganza o la liquidación moral del personaje. Su uso sin  pruebas debilita la justicia.  Cuando la legalidad y la presunción de inocencia son reemplazadas por titulares que presumen culpabilidad. La restitución de una autoridad maltratada es oportunidad para corregir excesos y equilibrar la justicia.

Lo que está en juego no es solo un cargo, es el respeto al debido proceso, la necesidad de mecanismos reales de desagravio ante una denuncia que puede venir de un delincuente o de un demente acosador, como sucedió en mi caso personal, todo se archiva sin reparar el daño, sin reivindicar la injusticia. Que el caso Benavides sea un precedente para una política de justicia, no una excepción. Mi solidaridad.