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OPINIÓN/ Cuando los Municipios Construían con Etica y sin Lucro: “La Lección Olvidada de la Costa Verde”

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

 

De las memorias de mi padre.

Hubo un tiempo en el Perú, en que los municipios no eran agencias de empleo, ni de relaciones públicas, ni cajas chicas de los partidos políticos. Un tiempo en que las municipalidades estaban integradas por profesionales comprometidos algunos incluso ad honorem que entendían el servicio público como un deber moral y no como una oportunidad de enriquecimiento. En aquella época, se podía planificar y ejecutar obras de gran envergadura sin consultoras, sin sobrecostos, y sin pedir permiso a los intereses privados y tener que enfrentar leguleyadas de los tinterillos que hoy las paralizan hasta para construir una vereda.

Una muestra viva de esa época es la construcción del tramo de la Costa Verde en Miraflores, comprendido entre la Quebrada de Armendáriz y el Cuartel San Martín. Esta obra fue una de las primeras materializaciones del ambicioso Proyecto de Defensa del Litoral y Habilitación de Nuevas Playas de Lima Metropolitana, concebido y promovido en 1972 por un gran visionario: el arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca, entonces alcalde de Miraflores.

Lo que luego se conoció como la Costa Verde no nació para ser solo una autopista costera, sino como un plan integral de recuperación del borde litoral para uso público, expansión urbana racional y recreación de una población en constante crecimiento y sin lugares de esparcimiento. Algo que a pesar de haber pasado más de 50 años de disputas entre los diferentes alcaldes de los distritos del borde costero de Lima cada uno en lugar de seguir un plan integral de desarrollo no llegan a un acuerdo para concretar el sueño inicial que fue, hacer del Litoral la Copacabana Limeña.

En ese contexto, el ingeniero y concejal de Obras Públicas Eduardo Ridoutt, propuso durante una sesión del concejo de Miraflores ejecutar de forma inmediata el tramo la Armendáriz–Cuartel San Martín. Aprovechando que se construía en ese momento la última etapa de la vía expresa Lima–Barranco entre la Av. Primavera y la Av. República de Panamá en el sector de Barranco, su idea era tan simple como eficiente: utilizar como material de relleno los residuos de excavación de esa obra, que de todos modos debían ser eliminados. Solo se necesitaba alquilar maquinaria. Nada más.

Ridoutt preparó la relación de equipos necesarios y publicó la convocatoria en el diario El Comercio. Al día siguiente, la Contraloría General de la República lo llamó escandalizada: ¿cómo era posible que se licitara solo maquinaria sin presupuestar toda la obra? Sospechaban una irregularidad.

Pero lo que encontraron fue una clase magistral de ingeniería, de gestión pública ética y técnica. Ridoutt, acompañado del ingeniero de obras públicas del municipio, acudió personalmente a la Contraloría y explicó, punto por punto, cómo la obra sería posible con recursos propios del municipio:

  1. Dirección técnica a su cargo y del ingeniero municipal, sin costo adicional.

  2. Personal de obra pagado por el municipio.

  3. Ingeniería, topografía y supervisión realizadas internamente.

  4. Material de relleno provisto gratuitamente por los camiones de desmonte de la vía expresa.

  5. Materiales de afirmado y agregados adquiridos directamente sin sobreprecios.

  6. Alquiler de maquinaria esencial, sin carga de utilidad.

  7. Eliminación de costos de dirección técnica externa, gastos generales y utilidades privadas, porque el municipio no busca lucro.

La Contraloría, inicialmente desconcertada por una ejecución tan lógica como austera, tuvo que aceptar que no había nada que observar. No podían creer que una obra de tal magnitud y envergadura pudiera ejecutarse con tanta eficiencia y con tan bajo presupuesto. Pero era posible. Porque cuando el interés público es real, no hay necesidad de licitaciones millonarias ni de consultoras extranjeras para hacer lo que la ingeniería nacional puede resolver con voluntad, criterio, ética y sentido común.

La obra se ejecutó tal como fue concebida. Se venció incluso al mar, que al principio se llevaba el material depositado en los acantilados. Pero con perseverancia, el fondo marino se estabilizó y se logró consolidar el tramo. Hasta hoy, esa vía entre Armendáriz y el Cuartel San Martín permanece al servicio de la ciudad, como un testimonio silencioso de lo que se puede lograr cuando las obras públicas no se hacen para inaugurar, sino para servir.

Y no es casual que Miraflores haya sido el origen. Fue en esa misma gestión municipal de 1972 donde se impulsó por primera vez una visión metropolitana del litoral limeño, mucho antes de que el Estado central asumiera algún liderazgo. El sueño de conectar Chorrillos con el Callao a través de una vía costera al nivel del mar comenzó allí, en el corazón de un municipio con liderazgo técnico, criterio urbanístico y espíritu de servicio.

En tiempos donde los proyectos se diluyen entre adendas, arbitrajes y lobbies, recordar esta historia no es un acto de nostalgia, sino de resistencia cívica. Las obras de interés público no pueden seguir siendo detenidas por intereses privados, diferencias ideológicas y políticas o de tinterillos al servicio de terceros. Y el Estado, empezando por sus municipios, debe recuperar la capacidad técnica, la integridad funcional y el compromiso con el bien común que alguna vez tuvo.

Porque mientras hoy se discuten millones para proyectos que no se concretan, hay obras construidas hace más de 50 años que siguen funcionando. Y no es magia. Es profesionalismo y ética.

Y mientras en el país sigan decidiendo los que confunden el interés público con el interés personal, seguiremos siendo un país donde sobran expedientes, pero falta infraestructura de servicios públicos de calidad.

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