FISCALÍA: Citó a Dina Boluarte por investigación preliminar por caso de campaña electoral del 2021
La presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá rendir el 14 de octubre su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas en la campaña electoral del 2021 cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.
Así lo dispuso el fiscal contra el lavado de activos Ángel Astocondor, quien tiene a su cargo esta investigación preliminar seguida a la mandataria por hechos acontecidos cuando no tenía la condición de ‘aforada’.
El ultimo 16 de julio, el magistrado amplió los hechos materia de investigación relacionados a la jefa de Estado por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas a raíz de un presunto aporte de 150 mil soles que se habría efectuado en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 cuando postulaba a la vicepresidencia con el partido político Perú Libre.
El fiscal Astocondor Villalobos, a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, tercer despacho, dispuso incorporar en esta investigación preliminar, en condición de investigado, al empresario Eduvigis Beltrán por el referido delito a raíz de este caso.
Según la disposición fiscal; el 19 de mayo del 2021 se llevó a cabo una reunión en la que Boluarte estuvo presente, en donde el empresario se habría comprometido a entregar el dinero para costear los gastos de la ‘batucada’ que realizaba el acompañamiento musical en las actividades proselitistas de la actual mandataria en el tramo final de la segunda vuelta.
Por su parte, el empresario Beltrán ha negado haber entregado dicho dinero para la campaña electoral de Boluarte e, incluso, negó conocerla en persona.
El fiscal contra el lavado de activos, Ángel Astocondor, programó varias declaraciones testimoniales, requirió información a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Fiscalía de la Nación y que se realicen las diligencias útiles y pertinentes que coadyuven con el esclarecimiento de los hechos acumulados en la presente investigación.
«No hay evidencia de ningún tipo»
