OPINIÓN/ Se siguen burlando

Escribe: Francisco Diez-Canseco Távara (*)

 

 

Pensión 65 no es inclusión, es abandono institucionalizado. Es la renuncia del Estado a proteger a quienes más lo necesitan.

 

En el Perú, más de 4 millones de adultos mayores enfrentan la vejez entre el abandono, la enfermedad y la pobreza. De ellos, más de 800 mil han sido incorporados al programa Pensión 65, supuestamente para aliviar su situación. Pero lejos de ser una política de inclusión real, Pensión 65 es un gesto humillante, una limosna oficial que apenas sirve para sobrevivir, y que representa una burla sistemática hacia los más pobres del país.

Desde 2025, el monto de esta pensión ha sido “elevado” a S/. 350 bimensuales, es decir, apenas S/. 175 mensuales. Este es el valor que el Estado peruano considera suficiente para cubrir las necesidades de un anciano pobre. Pero según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el costo mínimo de subsistencia individual en el Perú asciende a S/. 457 mensuales.

Es decir, la pensión entregada por el Estado cubre menos del 40% de lo que se requiere para vivir con dignidad. ¿Qué puede comprar un adulto mayor con S/. 175 al mes? ¿Comer una vez al día? ¿Elegir entre medicinas o alimentos? ¿Sobrevivir o morir en silencio?

Actualmente, el programa Pensión 65 cuenta con alrededor de 824,000 beneficiarios activos, según el propio MIDIS. Sin embargo, hay más de 170,000 adultos mayores que ya han sido evaluados y calificados como aptos, pero que no reciben nada, porque el presupuesto no alcanza. Están en lista de espera. Una espera que puede durar años, o terminar en el cementerio antes de recibir un sol del Estado.

Lo más escandaloso es que estas personas ya cumplieron todos los requisitos: edad, condición de pobreza extrema y no recibir ningún otro tipo de pensión. Y aun así, quedan excluidos por simple negligencia presupuestaria. Es decir, el Estado reconoce que son pobres extremos y que necesitan ayuda, pero les da la espalda. Y lo hace sin vergüenza, sin urgencia, sin humanidad.

Mientras tanto, el Congreso de la República continúa gastando millones en consultorías inútiles, viáticos y privilegios innecesarios. Los altos funcionarios del Ejecutivo cobran sueldos exorbitantes y se reparten bonos como premios, incluso en medio de crisis económicas. Pero para el anciano campesino de Huancavelica, para la madre viuda de Puno, para el abuelo que vive solo en las periferias de Lima, no hay recursos. Solo hay desprecio.

No se trata solo del monto, sino del mensaje. Pensión 65 no es inclusión, es abandono institucionalizado. Es la renuncia del Estado a proteger a quienes más lo necesitan. Porque no se puede hablar de justicia social cuando se condena a cientos de miles de adultos mayores a la miseria. No se puede hablar de derechos humanos cuando se les niega lo mínimo para vivir. Y no se puede hablar de desarrollo si el país se olvida de quienes lo construyeron.

Lo peor es que no existe un plan nacional serio para ampliar el monto ni para cubrir la totalidad de adultos mayores pobres del país. La política social se limita a parches, a anuncios rimbombantes que no se traducen en acciones concretas, mientras los más vulnerables siguen esperando en el abandono. Y lo hacen en silencio, sin protestas, sin cámaras, sin votos.

El Perú necesita una Revolución Pacífica. Una que ponga en el centro la dignidad de la persona. Una que deje de burlarse de sus ancianos. Porque no es un favor lo que ellos necesitan: es justicia.

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(*) Presidente de Perú Acción
     Presidente del Consejo por la Paz

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