OPINIÓN/ “Un equipo de élite para planificar el futuro de la infraestructura del Perú”

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

 

El Perú necesita pasar del anuncio a la planificación real; del discurso al proyecto concreto; y de la improvisación a la institucionalidad.

 

1.- Diagnóstico

El Perú arrastra décadas de improvisación en el diseño, priorización y ejecución de proyectos de infraestructura. Se anuncian obras sin estudios técnicos sólidos, sin valorizaciones reales de inversión y operación, y sin un análisis integral del impacto económico, social y ambiental. El resultado es visible: corrupción, sobrecostos, paralizaciones, proyectos inconclusos y, peor aún, oportunidades perdidas para el desarrollo nacional.

La reciente participación del Estado peruano en INFRACON 2025, foro donde se promueve la infraestructura y el desarrollo turístico, confirma esta tendencia: se ofrecen proyectos atractivos sobre el papel, pero sin que cuenten con estudios técnicos ni valorizaciones definitivas que garanticen su viabilidad. Se promocionan como vitrinas de inversión cuando, en realidad, muchos no han superado siquiera un nivel serio de preinversión, y el propio Estado desconoce el costo final probable tras las adendas que, históricamente, han caracterizado múltiples concesiones realizadas por PROINVERSIÓN.

II Un caso emblemático: CHINCHERO

Aprovechando el lugar del evento, qué mejor momento para haber presentado un caso de cómo no se deben hacer las cosas: el AEROPUERTO DE CHINCHERO (CUSCO). La concesión fue otorgada sin que existieran estudios de seguridad operacional que aseguraran una operación segura, rentable y con el menor impacto económico posible para el usuario. El emplazamiento elegido, a más de 3,700 msnm, rodeado de orografía compleja y con condiciones climáticas adversas, plantea restricciones técnicas severas para aeronaves comerciales, obligando a limitar carga y pasajeros. Ello encarece los boletos, reduce la competitividad y, posiblemente, compromete la misma operabilidad.

Lo más grave es que nunca se convocó a los principales actores del sector aeronáutico nacional e internacional para evaluar si la infraestructura proyectada sería realmente operable en condiciones seguras. Aun así, autoridades del MTC, DGAC y CORPAC han continuado promocionando su construcción como proyecto emblemático de desarrollo turístico, pese a persistir serias dudas técnicas, económicas y operativas. Chinchero se ha convertido en el símbolo de lo que ocurre cuando se privilegia el anuncio político-comercial sobre la evaluación técnica rigurosa.

III. Un cuerpo técnico independiente, con rango constitucional

Para que el Perú deje de repetir estos errores, se requiere la creación de un cuerpo técnico de élite descentralizado, con visión de Estado y total independencia del gobierno de turno, bajo un diseño institucional similar al del Banco Central de Reserva (BCR): autonomía económica y funcional, inamovilidad de sus directivos y mandato explícito de preservar la estabilidad y sostenibilidad de los proyectos de infraestructura del país.

Su inversión inicial y su costo de operación serían marginales frente a los más de 20,000 millones de soles que se pierden anualmente en corrupción, sobrecostos y paralización de obras. En términos económicos, el ahorro que generaría este cuerpo técnico al evitar errores como Chinchero o proyectos mal diseñados pagaría con creces su sostenimiento.

Además, los proyectos concluidos y aprobados por este organismo, una vez refrendados por el Congreso, tendrían rango de ley. De ese modo, ningún gobierno futuro podría desecharlos o paralizarlos arbitrariamente, quedando habilitados los mecanismos constitucionales de sanción, incluida la vacancia presidencial para el incumplimiento deliberado del plan aprobado. Esto obligaría a dar continuidad a proyectos de interés nacional, garantizando seguridad jurídica para el inversionista y estabilidad para el país.

IV, Creación del SINAPIE

Hoy el CEPLAN cumple un rol estratégico valioso al trazar la visión de país y los lineamientos de desarrollo al 2050, pero carece de la capacidad técnica para convertir esa visión en proyectos de infraestructura listos y blindados contra la corrupción. Esa brecha ha condenado al Perú a repetir la improvisación, el sobredimensionamiento y la paralización de obras. Por ello, la creación del SINAPIE se plantea como el complemento natural y necesario: un organismo autónomo, descentralizado y de élite, encargado de traducir la estrategia en estudios sólidos y proyectos concluidos, listos para ser colocados en la vitrina de ProInversión. En este esquema, CEPLAN fija la brújula, SINAPIE diseña el plano y ProInversión busca quién construya, cerrando así el círculo de planificación que hoy está roto.

El Perú necesita recuperar la capacidad de pensar su futuro y construirlo con cabeza propia. Para ello se propone la creación del Sistema Nacional de Planificación de Infraestructura Estratégica (SINAPIE), un organismo técnico de élite autónomo, con rango constitucional y blindaje político, que:

  Elabore un Plan Maestro de Infraestructura Nacional a 50 años (2026–2076), actualizado cada 5 años.

  Someta dicho plan a la aprobación del Congreso, reconociéndolo como compromiso de Estado con rango de ley, obligatorio para todos los niveles de gobierno.

  Trascienda a los cambios de gobierno al modo del BCR, asegurando continuidad técnica y estabilidad de largo plazo.

Active mecanismos constitucionales de control para el incumplimiento deliberado del plan aprobado, por violación del principio de continuidad del desarrollo nacional.

V. Naturaleza institucional del SINAPIE

El SINAPIE debe concebirse como un organismo constitucionalmente autónomo, con jerarquía equivalente al BCR. Su incorporación a la Constitución garantizará independencia funcional, administrativa y financiera, evitando su adscripción a cualquier ministerio. Estará dirigido por un Consejo de Especialistas con mandatos largos y no coincidentes con los periodos de gobierno, designados parcialmente por el Congreso y el Ejecutivo para asegurar balance institucional.

El SINAPIE tendrá la responsabilidad de elaborar, actualizar y hacer de cumplimiento obligatorio el Plan Nacional de Infraestructura Estratégica, rindiendo cuentas únicamente al Congreso de la República mediante informes periódicos. De este modo, se blindará contra la captura política y se consolidará como ente rector de la planificación de largo plazo, asegurando continuidad técnica y estratégica en las inversiones públicas y privadas.

 

Arquitectura operativa

1. a) Sede Central Nacional

• Consejo General y Consejos Técnicos por sectores: salud, educación, transporte, energía, aeropuertos, puertos, agua, saneamiento, digital y otros.

• Centro de modelación y simulación con acceso a imágenes satelitales, sistemas GIS, big data y proyecciones demográficas y económicas.

• Banco Nacional de Proyectos Estratégicos, con estudios de factibilidad, costos referenciales y cronogramas.

1. b) Sedes Regionales

• Oficinas modernas en cada región o macrorregión.

• Capacidad para levantar información territorial, diagnosticar brechas y retroalimentar el plan nacional.

• Personal reducido, pero altamente calificado, vinculado digitalmente a la sede central.

1. c) Cuerpo Técnico de Élite

• Selección mediante convocatoria pública nacional entre los mejores profesionales en ejercicio y egresados de universidades públicas y privadas.

• Filtros rigurosos de mérito técnico, ética, integridad y compromiso social, incluyendo pruebas de valores, evaluaciones psicométricas y herramientas modernas de verificación.

• Becas para maestrías o especializaciones en universidades líderes del mundo.

• Áreas prioritarias: planificación territorial, diseño de hospitales, aeropuertos, carreteras y puertos; planificación urbana; sostenibilidad ambiental; gestión de proyectos complejos; infraestructura digital, logística y otros

VI. Capital humano de excelencia, con servicio obligatorio

Previo a la consolidación de este cuerpo técnico de élite, el Estado deberá institucionalizar un SERUM obligatorio para todos los profesionales egresados de todas las especialidades, no solo en salud. Cada joven profesional cumplirá un año de servicio en gobiernos regionales y locales a lo largo y ancho del país, participando en la formulación de proyectos, gestión pública y auditorías del buen uso de los recursos. La información generada será reportada directamente al SINAPIE para el monitoreo, actualización permanente de las bases de datos, fiscalización y asesoramiento técnico continuo.

Este servicio tendrá un doble propósito: acercar y elevar el conocimiento técnico en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, evaluar en la práctica la capacidad, el compromiso, la ética profesional y el desempeño de los egresados en ejercicio. Quienes demuestren rendimiento sobresaliente recibirán un puntaje adicional al ser convocados a participar en el proceso de selección del cuerpo de profesionales de élite.

Este cuerpo no solo evaluará proyectos: será también un semillero de talento nacional. Los mejores profesionales y alumnos de universidades públicas y privadas que se incorporen a este cuerpo de profesionales serán becados en las más prestigiosas universidades del mundo, con el compromiso que, al término y a su retorno, sirvan al SINAPIE un mínimo de 10 años consecutivos, con sueldos y beneficios de primer nivel.

Este esquema elevará el nivel técnico de la planificación nacional y generará una nueva élite profesional comprometida con el servicio público, blindada contra la corrupción mediante incentivos adecuados y un marco ético estricto. La confidencialidad sobre la información será obligatoria, y su incumplimiento será severamente sancionado, hasta con la inhabilitación perpetua para laborar o contratar con el Estado.

VII. Una nueva lógica de promoción internacional

Así, la presencia del Perú en ferias como INFRACON 2025 dejará de ser un catálogo de intenciones y pasará a convertirse en una vitrina de proyectos listos para invertir, respaldados por estudios rigurosos, aprobados por un cuerpo autónomo de alto nivel y refrendados por el Congreso con rango de ley. Esto devolverá al país la seriedad y previsibilidad que hoy le falta para atraer inversión de calidad y sostenible en el tiempo.

La reciente realización de INFRACON 2025, presentada como un espacio para promover la infraestructura y el turismo sostenible, evidencia la voluntad del Estado peruano de generar confianza en los inversionistas. Sin embargo, el propio evento muestra una debilidad estructural: los proyectos se presentan como oportunidades atractivas, pero en muchos casos no cuentan con estudios técnicos definitivos, valorizaciones económicas claras ni un marco legal que respalde su ejecución.

Esta práctica, aunque positiva en términos de promoción, revela la urgencia de institucionalizar el SINAPIE. Dicho organismo permitiría que el Estado no solo muestre “ventanas de oportunidad” a los inversionistas, sino que ofrezca proyectos completos, con estudios técnicos rigurosos, valorizaciones verificadas y seguridad jurídica. De esta forma, el país dejaría de depender de iniciativas parciales o sectoriales como las enfocadas solo en turismo o en determinados sectores estratégicos y avanzaría hacia una cartera nacional coherente, priorizada y transparente.

En otras palabras, eventos como INFRACON deberían convertirse en el escenario donde el Perú no solo promocione ideas, sino donde exhiba proyectos de inversión bien referenciados y listos para ejecutarse, evitando así la improvisación, las adendas y la fragmentación que históricamente han debilitado la credibilidad del Estado frente a la sociedad y al sector privado.

VIII. Conclusión

El Perú necesita pasar del anuncio a la planificación real; del discurso al proyecto concreto; y de la improvisación a la institucionalidad. Solo con la creación de un organismo autónomo, blindado constitucionalmente y dotado de capital humano de excelencia, con la independencia técnica del BCR, se podrá garantizar que cada sol invertido en infraestructura se traduzca en obras concluidas en los tiempos programados, mejorando el tan esperado bienestar social, la integración territorial y el desarrollo sostenible para todos los peruanos.

Ya es hora de que el Estado tenga claro lo que el país necesita para su desarrollo es contar con un cuerpo de profesionales del más alto nivel, con valores, ética e identidad nacional, capaces de elaborar proyectos sólidos para inversión pública, privada, asociaciones público-privadas, obras por impuestos y otras modalidades, sustentados en estudios rigurosos y valorizados previamente por verdaderos profesionales.

Solo así los interesados, contratistas, operadores o concesionarios ejecutarán lo que el Perú requiere y no impondrán condiciones dictadas por sus intereses económicos, comerciales o geopolíticos.