OPINIÓN/ Sigue el caos del sistema de transporte en el Perú

Escribe: César David Gallo Lale

Tte. Gral. FAP

 

Exigimos al Estado, junto con todos sus ministros, una explicación justa y concreta sobre las acciones de seguridad adoptadas en favor del pueblo peruano. ¡Y que lo hagan a la brevedad posible!

El paro de transportistas en el Perú parece no tener fin. ¿Hasta cuándo la sociedad peruana deberá soportar la ausencia de este servicio público y privado, esencial e indispensable? ¿Hasta cuándo las bandas del terrorismo urbano continuarán extorsionando a los choferes y a los miembros de las diferentes cooperativas y líneas de transporte que cumplen una función tan elemental en el desarrollo de la vida cotidiana del país? ¿Hasta cuándo su brazo armado, el sicariato, seguirá asesinando a choferes y a personas inocentes que salen a trabajar cada día, sin saber si regresarán vivos a sus hogares?

Además, vivimos en un país con una población superior a los 32 millones de habitantes y con una capital que alberga más de 11 millones. A ello se suma una infraestructura vial deficiente, deteriorada y obsoleta. La informalidad en el transporte público y la competencia desleal que actúa impunemente contra el transporte formal agravan aún más la situación. A esto se añaden los constantes cierres y bloqueos de carreteras y vías públicas en todo el país, producto de protestas violentas que solo generan caos y crean un ambiente propicio para que las bandas criminales ejerzan la extorsión, con sicariato incluido, recaudando fondos mediante cupos diarios sin importarles la vida ni las necesidades del pueblo peruano.

Debemos detener esta situación de una vez por todas, o el país entrará en un descontrol total. Esta crisis podría agravarse si se suma a las protestas de la llamada “Generación Z” o “de Cristal”, caracterizadas por un inconformismo generalizado ante la situación nacional. Muchas de estas manifestaciones aprovechan la indignación popular para promover una guerra política, sin que se sepa con claridad de dónde provienen los fondos que las financian. A la larga, todos estos movimientos terminan siendo congruentes entre sí: Ninguno es pacífico y ambos promueven la destrucción, con el objetivo de desestabilizar socialmente al país y al gobierno, justo antes de las elecciones.

Surgen, entonces, preguntas inevitables: ¿Qué intereses se esconden detrás de todo esto? ¿Qué grupos nacionales o extranjeros lo promueven? ¿Quién financia las acciones de las bandas criminales?

¿Qué espera el gobierno para poner fin a esta situación? ¿Acaso la vida de un peruano asesinado por sicarios no vale nada para nuestros gobernantes? La mayoría de muertes en el Perú son indignas, producto de asesinatos, torturas, secuestros, extorsiones o desapariciones forzadas. Existen muertes absurdas, como las provocadas por accidentes o guerras, y muertes naturales, causadas por enfermedades o la edad. Pero solo puede considerarse gloriosa una muerte cuando se produce por salvar la vida ajena, como en el caso de Jesús o de quienes arriesgan su vida para socorrer a otros en desastres naturales como inundaciones, terremotos, incendios etc.

Peor aún, el clamor por justicia parece no tener efecto. Es como si la justicia hubiera sido deformada según los caprichos de comunistas y caviares siniestros, administrada por personas parciales e inmorales que no garantizan igualdad ni equidad para todos los peruanos. Es necesario reformar todo el sistema nacional si realmente queremos cambiar el país, empezando por la educación, desde el nivel inicial hasta el Universitario, que hoy es deficiente en calidad, infraestructura y valores. Solo una educación sólida puede formar una sociedad equilibrada, que defienda la familia, la religión y las libertades fundamentales de la vida, pilares de un país con aspiraciones de potencia futura.

Ante todo lo expuesto, los peruanos nos preguntamos: ¿por qué el Estado no esclarece ni castiga la corrupción y la delincuencia? Por el contrario, parece fomentarlas, al no actuar o al permitir que las instituciones del orden y del sistema judicial sean ineficaces frente a delincuentes involucrados en narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro, entre otros delitos.

Exigimos al Estado, junto con todos sus ministros, una explicación justa y concreta sobre las acciones de seguridad adoptadas en favor del pueblo peruano. ¡Y que lo hagan a la brevedad posible!

¡Estamos a la espera!

¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS EN EL PERÚ!