El Poder Judicial rechazó la mañana de hoy, miércoles, el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la ex presidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.
Sin embargo, el Poder Judicial evaluará mañana, jueves, una segunda solicitud fiscal de impedimento de salida por un plazo de 18 meses
Durante la audiencia, el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el requerimiento fiscal y estableció que no existe peligro de fuga en el caso de la exmandataria, quien fue destituida del cargo la semana pasada.
A entender del magistrado; “no se cumple con los presupuestos, no existe sustento factico. Si bien se cumple la pena mayor a tres años, no existen actos de investigación que sea indispensable la presencia de la investigada. Tampoco existe peligro de fuga, no es proporcional debido al comportamiento procesal”.
A su turbo, Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, había dicho durante su intervención que es “imposible” que su cliente se fugue, porque aún continúa desplazándose en compañía de seguridad del Estado.
Mientras tanto, el fiscal Ángel Astoncondor anunció que presentará una apelación.
La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria Dina Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes del partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación, Vladimir Cerrón.
El Ministerio Público también investiga un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte Zegarra fue parte de la fórmula presidencial del partido del lápiz.
Sin embargo, Dina Boluarte no se acaba de librar del todo de una eventual restricción para abandonar el país, pues el Poder Judicial evaluará este jueves una segunda solicitud fiscal de impedimento de salida por un plazo de 18 meses, como parte de una investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
En una audiencia virtual, a realizarse desde las 8:00 a. m., el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley analizará el requerimiento que hizo el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el último 10 de octubre.