OPINIÓN/ Perú: la urgencia de recuperar la meritocracia

Escribe: Eco. José Soto Lazo

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Solo así dejaremos atrás la cultura del favor y construiremos un país donde cada profesional sepa que su futuro depende de su talento, no de sus contactos.

En el Perú, la meritocracia se ha convertido en una promesa incumplida. Miles de jóvenes se gradúan cada año con esfuerzo y esperanza, pero se enfrentan a un sistema donde las oportunidades laborales y los ascensos se deciden más por contactos que por capacidad. En un país que dice valorar el talento, la realidad demuestra lo contrario.

Lamentablemente la gran mayoría de peruanos no confía en el Estado. Pero además no sorprende que la percepción general es que los cargos públicos se reparten entre amigos y familiares, no entre los más competentes. Cuando los puestos se otorgan por vínculos políticos y no por mérito, lo que se genera no es solo indignación, sino una peligrosa resignación colectiva. Y un país resignado es un país sin futuro.

La meritocracia es un sistema en el que las personas obtienen posiciones, recompensas, oportunidades y reconocimiento basándose en su mérito personal: es decir, en sus talentos, habilidades, esfuerzo, logros y capacidades demostradas, y no por factores como su origen familiar, riqueza, conexiones sociales, género, raza o cualquier otra característica no relacionada con su desempeño.

La meritocracia no es un lujo ni un ideal académico. Es la base de un Estado que funciona. Si los hospitales son dirigidos por personas sin experiencia, las escuelas por funcionarios designados por cuotas partidarias y los proyectos públicos por técnicos improvisados, el resultado es el mismo: servicios deficientes, recursos desperdiciados y ciudadanos frustrados.

Pero el daño más grave es cultural. Cuando los jóvenes descubren que estudiar y esforzarse no garantiza oportunidades, el mensaje es devastador. Muchos optan por buscar influencias o simplemente dejan de creer en el esfuerzo como camino al progreso. Así se corroe, silenciosamente, la fe en el mérito y en el país.

Revertir esta situación exige voluntad política. El primer paso es profesionalizar la función pública mediante concursos verdaderamente transparentes y competitivos. Para ello, se necesita una autoridad del servicio civil con autonomía real, que evalúe con criterios técnicos y que resista presiones de poder.

También es urgente proteger a los servidores de carrera de los vaivenes políticos. Cada cambio de gobierno no puede convertirse en una purga. La estabilidad de quienes demuestran competencia debe ser una regla, no una excepción. La experiencia institucional debe valer más que la lealtad partidaria.

La transparencia es otro pilar ineludible. Todos los procesos de selección, tanto en el Estado como en empresas que contratan con él, deben ser públicos y auditables. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién fue elegido, con qué méritos y bajo qué criterios.

El sector privado, además, puede liderar con el ejemplo. Las empresas que promueven a su personal por desempeño y capacidad no solo son más justas, sino más competitivas. La meritocracia es rentable, y el país necesita más compañías que lo demuestren.

Por último, debe haber consecuencias reales para quienes practican el nepotismo o el tráfico de influencias. Sin sanción, no hay cambio posible.

Recuperar la meritocracia no será tarea fácil, pero es una urgencia nacional. De ello depende que el Perú vuelva a creer en el esfuerzo, en la educación y en el trabajo bien hecho. Solo así dejaremos atrás la cultura del favor y construiremos un país donde cada profesional sepa que su futuro depende de su talento, no de sus contactos.