OPINIÓN/ El precio de no gestionar (adecuadamente) el diálogo: lecciones del caso Lupaka Gold vs Perú
Escribe: Luis Oré Ibarra
El verdadero desafío ahora es construir capacidades institucionales e interpersonales para prevenir conflictos antes de que lleguen a la arena internacional. Eso implica profesionalizar la gestión del diálogo
El reciente laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Lupaka Gold vs. República del Perú (ICSID ARB/20/46) ha dejado en evidencia algo más profundo que un error jurídico o una derrota económica. Nos revela, con crudeza, las consecuencias de no gestionar adecuadamente los procesos de diálogo, de carecer de capacidades institucionales para transformar conflictos y de no asegurar la viabilidad social de los proyectos de inversión.
El tribunal concluyó que el Perú violó sus obligaciones internacionales de protección plena y seguridad y de trato justo y equitativo hacia la empresa minera canadiense Lupaka Gold. La causa inmediata: la inacción del Estado frente a un conflicto local con la comunidad campesina de Parán, que en 2018 bloqueó el acceso al proyecto Invicta. Pero más allá del tecnicismo jurídico, este caso es una alerta sobre cómo la falta de capacidades para gestionar relaciones con comunidades y prevenir conflictos socioambientales puede derivar en consecuencias internacionales, reputacionales y financieras de gran magnitud.
Del conflicto local al arbitraje internacional
El conflicto entre Lupaka y la comunidad de Parán nació de la desconfianza, la falta de diálogo efectivo y la ausencia de un proceso de construcción de consenso genuino. En lugar de un espacio de conversación estructurada, facilitada y con reglas claras, se impuso la lógica del bloqueo, la descoordinación institucional y la reacción tardía del Estado.
El error estructural del Estado peruano no fue únicamente jurídico, sino de gestión pública y gobernanza del territorio. Las instituciones encargadas de manejar la relación entre comunidades y proyectos extractivos carecen de metodologías, liderazgo y capacidades técnicas para transformar el conflicto en oportunidad de acuerdo. El resultado fue que un problema que debió resolverse con diálogo y facilitación terminó resolviéndose en un tribunal internacional, con un costo superior a 65 millones de dólares para el país.
Cuando el diálogo se improvisa, el costo lo asume el Estado
Desde la perspectiva de la negociación y la construcción de consenso, este caso demuestra lo que ocurre cuando los procesos de diálogo son improvisados, reactivos y desarticulados. Un verdadero proceso de diálogo social no se reduce a convocar mesas de trabajo o comisiones temporales; requiere diseño, facilitación profesional, legitimidad y seguimiento.
El Perú ha avanzado en reconocer la necesidad del “diálogo” en los conflictos socioambientales, pero sin institucionalizarlo ni dotar de capacidades reales a quienes lo conducen. Y sin aplicar de manera obligatoria, consistente y alineada en todos los sectores del Poder Ejecutivo, regiones y gobiernos locales los “Lineamientos y protocolos para la intervención del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales, en materia de gestión social y diálogo” aprobado por Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 008-2021-PCM/SGSD el 7 de agosto del 2021.
Y, además, sin hacer de público acceso, programa de fortalecimiento de capacidades “Gestión y Transformación de Conflictos – Ciclo de Formaciones SGSD-PCM desarrollado en el 2021. Cuando el Estado no tiene equipos lo suficientemente preparados en metodologías de facilitación de diálogo, construcción de consenso, negociación basada en intereses, evaluación de actores, intereses y situación, búsqueda conjunta de información y gestión colaborativa, las mesas de diálogo se convierten en escenarios de desgaste, no de transformación.
En este caso, la falta de una gestión estratégica de la relación empresa–comunidad–Estado permitió que un conflicto social local terminara siendo interpretado como una falla de protección estatal en el marco del derecho internacional de las inversiones.
Lecciones para el Estado peruano
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Fortalecer la institucionalidad del diálogo
El país necesita pasar del “diálogo político” al diálogo técnico y estructurado, basado en metodologías de negociación colaborativa y consenso. El Estado debe contar con equipos intersectoriales capacitados para diseñar y facilitar procesos preventivos, antes de que los conflictos escalen.
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Desarrollar capacidades en transformación de conflictos
La gestión pública requiere incorporar competencias en análisis de conflictos, mediación, escucha activa, manejo de percepciones y generación de acuerdos sostenibles. Esto no se improvisa: requiere formación, práctica y acompañamiento técnico.
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Alinear marcos normativos y práctica institucional
La desconexión entre lo que el Estado dice reconocer (derechos de comunidades campesinas e indígenas) y lo que realmente entiende y aplica fue determinante en este caso. La falta de coherencia jurídica y operativa genera vulnerabilidad internacional y pérdida de credibilidad.
Lecciones para las empresas e inversionistas
Las empresas también deben asumir que la viabilidad social es tan importante como la viabilidad técnica o financiera. En contextos multiculturales y complejos, no basta con obtener permisos legales o cumplir con estándares ambientales: es necesario construir confianza, legitimidad y acuerdos duraderos con las comunidades y autoridades locales.
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Fortalecer las capacidades de negociación y gestión de partes interesadas
Las compañías deben invertir en mejores procesos de involucramiento (stakeholder engagement processes), análisis sistemático de actores, identificación temprana de riesgos y estrategias de diálogo sostenibles.
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Prevención y gestión proactiva de conflictos
Esperar a que el conflicto estalle es costoso. Los equipos de relaciones comunitarias deben ser profesionales en negociación y mediación, con apoyo externo cuando sea necesario, para diseñar procesos colaborativos desde la etapa de exploración.
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Transparencia y corresponsabilidad
Los inversionistas deben comprender que la legitimidad social no se compra, se construye. La relación con las comunidades no puede basarse en transacciones económicas sino en procesos de entendimiento mutuo, reconocimiento y acuerdos de beneficio mutuo.