Congreso da luz verde a rastreo de celulares que utilizan números del extranjero

Los dispositivos móviles que operan en el país utilizando números extranjeros podrán ser sometidos a tareas de identificación, localización y geolocalización. Así lo acordó ayer la Comisión de Defensa y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso, al aprobar por unanimidad, un dictamen que plantea modificar el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones.

El dispositivo legal -que se encuentra listo para ser debatido por el pleno del Congreso- forma parte del paquete de iniciativas legislativas dirigidas a potenciar la lucha contra el crimen organizado, mediante el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía.

Ello en la medida, que las investigaciones policiales han determinado que una serie de llamadas extorsivas que se realizan en la actualidad, provienen de números telefónicos del extranjero.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Karol Paredes Fonseca, explicó que el objetivo del dictamen es facilitar el rastreo en el país de aquellos dispositivos móviles que operan en el Perú utilizando números o tecnologías extranjeras, incluyendo roaming, portabilidad internacional, tarjetas SIM extranjeras o aplicaciones que generan numeración virtual.

En ese sentido, explicó que la finalidad del proyecto de ley “es cerrar los vacíos normativos, evitar interpretaciones restrictivas y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional frente a delitos graves, crimen organizado y modalidades crecientes de delincuencia digital”.

La legisladora dijo que- aún cuando el Decreto Legislativo 1182 ya permite una interpretación amplia que comprende a todos los dispositivos electrónicos de comunicación- es necesaria una precisión expresa para fortalecer la respuesta rápida del Estado frente a extorsiones, secuestros, estafas digitales y delitos de crimen organizado.

“El dictamen presenta una propuesta necesaria, viable y oportuna, orientada a fortalecer la capacidad de investigación de la Policía Nacional, garantizando procedimientos seguros y estandarizados, promoviendo la cooperación interinstitucional, protegiendo derechos fundamentales y respondiendo de manera efectiva a los desafíos que plantea la delincuencia moderna y el crimen organizado”, refirió.