La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final de la denuncia constitucional acumulada contra la fiscal de la nación suspendida, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, que recomienda inhabilitarla por 10 años para el ejercicio de la función fiscal.
Informe final será remitido a la Comisión Permanente
Las denuncias fueron presentadas por los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Cueto Aservi por presentar una denuncia constitucional contra 11 congresistas que integraron la Comisión de Defensa Nacional en el periodo 2021-2022 y aprobaron la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Debido a ello, atribuyeron a Espinoza Valenzuela la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, así como los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución; además de los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificados en los artículos 376 y 418 del Código Penal.
El informe final elaborado por el congresista Elvis Vergara, señala que el análisis jurídico del caso se realizó con base en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y respetando el derecho de defensa, por lo que se rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza, al considerar que no existían vicios que invaliden la actuación procesal.
El documento también recomendó archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, luego de determinar que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal. Del mismo modo, planteó archivar las denuncias sobre la presunta infracción a los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución respecto a su ejercicio funcional como fiscal de la nación.
Sin embargo, el informe final propone acusar a Delia Espinoza por infracción constitucional en los artículos 45, 93 y 139 —incisos 3 y 5—, al considerar que su conducta vulneró principios básicos del ejercicio público y afectó competencias propias del Parlamento.
En consecuencia, recomendó imponer la sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer cargo fiscal. Fue aprobado por mayoría, en una sesión conducida por el congresista Jorge Montoya, vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Finalmente, se recomendó también remitir el informe a la Comisión Permanente para que continúe el procedimiento correspondiente.
