OPINIÓN/ Riesgo Aéreo por Omisión: Las Autoridades Saben… y No Hacen Nada

Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli

 

Lo que corresponde, con carácter de urgencia, es que el Estado a través de la DGAC, CORPAC, ADP y la FAP impulsen medidas cautelares, administrativas o judiciales para prohibir de inmediato el uso de esa zona como relleno sanitario

 

El Aeropuerto Renán Elías, ubicado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, departamento de Ica, y designado como el principal alterno del Jorge Chávez, fue concesionado hace casi veinte años a ADP – Aeropuertos del Perú. La torre de control y los servicios de navegación aérea están a cargo de CORPAC, y ambos se encuentran bajo la supervisión normativa de la DGAC, autoridad responsable de la aviación civil en el país. En el área también opera el grupo de instrucción de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Mientras el Gobierno Regional de Ica impulsa el turismo y promociona al aeropuerto como un activo estratégico, las municipalidades de Pisco y San Andrés han permitido que los terrenos del distrito de San Andrés adquiridos originalmente para construir un cementerio y un vivero, así como otros terrenos en posesión del Ministerio de Defensa, sean utilizados como relleno sanitario y botadero informal de basura. Parte de estos predios son administrados de facto por un privado, quien incluso ha habilitado, a través de un terreno colindante de su propiedad, una vía de acceso y una garita de peaje para facilitar el ingreso de camiones cargados de desechos.

El resultado es que, colindante a la pista de aterrizaje, se ha consolidado un botadero que genera malos olores, contaminación ambiental y un elevado peligro aviario, exactamente en las inmediaciones del aeropuerto.

Lo más preocupante es que todo esto ocurre con la complacencia o la impotencia de las propias instituciones llamadas a garantizar la seguridad operacional. ADP, CORPAC, la DGAC y la FAP conocen desde hace años el riesgo crítico que representan estos botaderos ilegales, pero no han mostrado ni capacidad de gestión, ni autoridad técnica, ni peso institucional para exigir a las autoridades locales el cierre inmediato y definitivo de estas actividades y la remoción total del material acumulado.

El resultado es inaceptable: un aeropuerto clave para la continuidad operacional del país permanece expuesto a un riesgo perfectamente identificado, perfectamente prevenible y, aun así, perfectamente ignorado. Esto ya no es una falta de coordinación; es una renuncia explícita al deber de proteger la seguridad aérea nacional.

No se trata solo de un problema ambiental: es un peligro directo para la navegación aérea, cuyas consecuencias recaerían sobre la seguridad de las tripulaciones, pasajeros y las propias operaciones militares que se desarrollan en Pisco.

El MTC proyecta invertir algunos millones en la construcción del cerco perimétrico que delimita con los botaderos. Sin embargo, ningún cerco eliminará los malos olores, la contaminación ni el riesgo aviario si la basura continúa acumulándose al otro lado de la pared. Construir un cerco sin eliminar primero el basural es tratar un riesgo crítico con una solución cosmética, totalmente insuficiente para proteger las operaciones aéreas.

Lo que corresponde, con carácter de urgencia, es que el Estado a través de la DGAC, CORPAC, ADP y la FAP impulsen medidas cautelares, administrativas o judiciales para prohibir de inmediato el uso de esa zona como relleno sanitario, y luego se proceda a la remoción y saneamiento total del material acumulado. Solo entonces podrán contribuir efectivamente a la seguridad operacional.

Hoy, la realidad es innegable: el aeropuerto alterno más importante del país convive con un botadero que nunca debió existir, y las entidades responsables han demostrado que no pueden, no saben o no quieren resolverlo, aun cuando representan al Estado y tienen la obligación legal y técnica de hacerlo.