CCFFAA confirma que los militares dejaron de patrullar las calles de Lima y Callao

Pese a que la ola de extorsiones y asesinatos no ha disminuido en el capital, el Gobierno interino de José Balcázar no amplió el estado de emergencia, el mismo que feneció definitivamente jueves. En consecuencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) confirmó la finalización de la presencia y despliegue militar en el comando unificado en la capital.

Mediante un mensaje posteado en sus redes sociales, la CCFFAA indicó que «el accionar de las Fuerzas Armadas en el país no es discrecional ni unilateral, sino regulado por la Constitución Política y por decretos supremos vigentes. La finalización de la presencia y despliegue militar no constituye una decisión política ni operativa autónoma, sino la consecuencia jurídica directa del término del estado de emergencia, que otorgaba el marco legal para dicha intervención por tiempo determinado».

Añade que el Puesto de Comando Unificado que menciona la municipalidad fue instalado y operó exclusivamente bajo el amparo de la declaratoria de estado de emergencia dispuesta por el Poder Ejecutivo, cuya última prórroga venció el 19 de febrero de 2026 mediante Decreto Supremo N°006-2026-PCM.

«Concluido el estado de emergencia, cesó automáticamente la facultad constitucional que permite a las Fuerzas Armadas desplegarse en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno, por lo que el repliegue del personal y medios militares respondió al estricto cumplimiento del principio de legalidad y a lo dispuesto por el Comando Operacional del Centro».

Por otro lado, el Comando Conjunto reafirmó el respeto a las autoridades locales y a la institucionalidad democrática, subrayando que «toda actuación militar se rige estrictamente por la Constitución y las normas».

Finalmente se deja en claro  que las Fuerzas Armadas permanecen preparadas, organizadas y entrenadas para cumplir las misiones que el Estado disponga en defensa de la soberanía, el orden constitucional y la paz social, «siempre dentro del marco legal que garantiza legitimidad, transparencia y confianza ciudadana».