Debe establecerse con absoluta claridad que los congresistas que radican en Lima no perciben gastos de instalación. Del mismo modo, los parlamentarios reelegidos tampoco deberían acceder a dicho beneficio,
Hay decisiones que, aunque puedan encontrar algún respaldo en un reglamento, resultan imposibles de justificar frente al sentido común, la ética pública y la realidad que vive el país. Cobrar gastos de instalación cuando se vive en Lima, cuando se ha sido reelegido y nunca se dejó el Congreso, constituye una de esas prácticas que terminan erosionando la ya debilitada confianza ciudadana.
No basta con decir que «la norma lo permite». También hubo normas que el tiempo terminó condenando por ser profundamente injustas. La legalidad nunca puede convertirse en refugio de la inmoralidad.
Resulta indignante que mientras millones de peruanos sobreviven con remuneraciones mínimas, gratificaciones cada vez más insuficientes y una economía familiar golpeada por el alto costo de vida, algunos congresistas encuentren prioridad en asegurarse beneficios que, en los hechos, carecen de toda justificación. Más aún cuando el país enfrenta enormes desafíos: reconstrucción, prevención frente a los efectos del fenómeno de El Niño, brechas en salud, educación, seguridad y servicios básicos que reclaman cada sol del presupuesto público.
¿Qué gasto de instalación puede alegar quien vive en Lima? ¿Qué instalación necesita quien ha sido reelegido y nunca dejó de ocupar su despacho parlamentario? La respuesta es evidente: ninguna.
La representación política no puede convertirse en una fuente de privilegios. Debe ser, ante todo, un ejercicio de consecuencia. Quienes durante la campaña hablaron de austeridad, de cercanía con el pueblo y de sensibilidad frente a las necesidades de los más humildes, tienen hoy la oportunidad de demostrar que aquellas palabras no fueron simples consignas electorales.
Ha llegado el momento de revisar el Reglamento del Congreso. Debe establecerse con absoluta claridad que los congresistas que radican en Lima no perciben gastos de instalación. Del mismo modo, los parlamentarios reelegidos tampoco deberían acceder a dicho beneficio, pues sencillamente no existe instalación alguna que financiar.
La misma lógica debe aplicarse a otros conceptos remunerativos. El dinero público no puede administrarse sobre la base de automatismos burocráticos, sino bajo criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y buena administración.
Cada recurso del Estado pertenece a los peruanos. No es patrimonio de quienes circunstancialmente ejercen el poder. Administrarlo con responsabilidad constituye una obligación ética antes que una exigencia legal.
Persistir en estas prácticas solo acrecienta el desprestigio de la política y fortalece la percepción de que existen autoridades más preocupadas por ampliar sus beneficios que por aliviar las necesidades del país. No es un problema de montos. Es un problema de principios.
Porque cuando un representante público reclama dinero que sabe que no necesita, cuando se aferra a privilegios que moralmente no le corresponden, deja de representar el interés general para representar únicamente sus propios intereses. Y allí no estamos frente a una simple deficiencia administrativa. Estamos frente a una profunda miseria moral.
La política recuperará credibilidad el día en que sus autoridades comprendan que la verdadera grandeza del poder no consiste en aprovechar hasta el último beneficio que permite un reglamento, sino en renunciar voluntariamente a aquello que la conciencia, la decencia y el respeto por los ciudadanos les dicen que nunca debieron cobrar.
