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UE RECHAZA EXPULSIÓN DE SU EMBAJADORA EN NICARAGUA

Bettina Muscheidt fue expulsada luego de que la delegación de la UE ante la ONU exhortara al gobierno de Daniel Ortega a «devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense» y a «restaurar la democracia».

La UE reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, rechazó ayer domingo (02.10.2022) la decisión «injustificada y unilateral» del gobierno de Nicaragua de expulsar y declarar «non grata» a la embajadora del bloque en Managua, Bettina Muscheidt, quien salió del país el sábado.
La UE advirtió que «está estudiando el camino a seguir y responderá de manera firme y proporcional».
«La UE lamenta profundamente y rechaza esta decisión injustificada y unilateral», dijo Borrell en una declaración en la que también señaló que estas acciones «hostiles» afectarán las relaciones bilaterales entre Nicaragua y los Estados miembro de la UE y «conducirán a un mayor aislamiento internacional» de este país centroamericano.
Borrell, que también lamentó la decisión del gobierno nicaragüense de cortar los lazos diplomáticos con Países Bajos y subrayó su «apoyo inquebrantable» al gobierno neerlandés, insistió en que la actual crisis política en Nicaragua «debe resolverse mediante un auténtico diálogo entre el gobierno y la oposición».
«La UE reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos» y «sigue abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que éste se desarrolle de forma respetuosa», apuntó el jefe de la diplomacia comunitaria.
La expulsión de la embajadora se conoció después de que el pasado lunes la delegación de la UE ante la ONU exhortara al gobierno de Daniel Ortega a «devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense» y a «restaurar la democracia» en el país.
Las relaciones entre Nicaragua y la UE han sido tensas en los últimos cuatro años debido a sanciones establecidas por Europa a familiares y allegados de Ortega, así como funcionarios e instituciones del gobierno, por señalamientos de violaciones a los derechos humanos.

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