CASTILLO HABRÍA RECIBIDO MÁS DE S/ 2 MILLONES DE «ASESORES A LA SOMBRA»
El colaborador eficaz CE-03-2022 refirió que empresario Alejandro Sánchez, hoy prófugo de la justicia, entregó más de S/500 mil, una vez que el profesor logró su pase a la segunda vuelta de las elecciones de 2021. También dio cuenta de otros aportes no declarados a la ONPE.
El juez Víctor Zúñiga ordenó, a solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, la detención preliminar por 10 días de los integrantes del llamado “gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo. Hasta el momento fueron detenidos Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vásquez, Biberto Castillo y Eder Vitón Burga.
Según un informe de la Policía Nacional, que sirve de base para el pedido del Ministerio Público, el llamado “gabinete en la sombra” se formó después de que Castillo Terrones lograra su pase a la segunda vuelta de las elecciones de 2021, “a fin que desde la clandestinidad un grupo periférico de personas allegadas a este, le permita llegar al más alto [cargo del] poder político”.
Y, a la par, lograr “la permanencia” de sus integrantes en el Ejecutivo para obtener “ganancias ilícitas producto de actos colusorios” en instituciones públicas, que estén “copadas” por altos funcionarios que se haya alineado “a su programa criminal”.
colaborador eficaz CE-03-2022- aportó más de S/500 mil a la campaña de Castillo en el balotaje. Este dinero no fue bancarizado y tampoco fue declarado por Perú Libre,
Sánchez- de acuerdo la declaración del colaborador eficaz CE-03-2022- aportó más de S/500 mil a la campaña de Castillo en el balotaje. Este dinero no fue bancarizado y tampoco fue declarado por Perú Libre, partido por el que postuló el docente, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El empresario del rubro de comercialización de materiales para laboratorio médico, entre otros también brindó una casa de su propiedad, ubicada en el pasaje Sarratea, en Breña, para la “instalación de un centro de operaciones que sirvió para la designación discrecional, ilegítima e ilícita de ministros y altos funcionarios del Estado”.
Además, el documento policial, refiere que Sánchez cubrió los gastos de alimentación y desplazamiento de Castillo Terrones y de sus familiares. Incluso, asumió parte del pago del alquiler del local partidario de Perú Libre, ubicado en el cruce de las avenidas Washington y Paseo Colón, en el Centro de Lima.
Él habría entregado más de S/1 millón que provendrían de “actos colusorios que habría perpetrado en los proyectos de inversión pública”
Otro integrante del llamado “gabinete en la sombra” que aportó económicamente a la campaña del actual presidente en segunda vuelta fue el hoy detenido alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca), José Nenil Medina Guerrero.
Él habría entregado más de S/1 millón que provendrían de “actos colusorios que habría perpetrado en los proyectos de inversión pública” en su distrito.
Medina Guerra cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses por las presuntas irregularidades en la licitación de obras en Anguía, cuyo dinero para su ejecución provino del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
El empresario Abel Cabrera, dedicado al rubro de la construcción- según el colaborador eficaz CE-03-2022- también habría aportado más de S/500 mil a la campaña presidencial de Perú Libre.
Este dinero sirvió para la movilización de personas y el alquiler de una serie de camionetas. Cabrera, además, le prestó un auto a Castillo Terrones para todos sus trasladados.
El informe policial señala que las motivaciones de estos integrantes del “gabinete en sombra” para “inyectar” dinero a la campaña electoral del hoy jefe de Estado “fueron con el fin de obtener ganancias ilícitas, una vez que” Castillo Terrones “asuma” el poder.
En declaraciones a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno, Benji Espinoza, abogado de Castillo Terrones, dijo que lo importante es determinar “si es cierto o es una invención” lo referido por el nuevo colaborador eficaz respecto a su cliente. Agregó que si “corroboración no importa lo que se diga”.
“Y si no se comprueba, eso no vale nada, al interior del proceso penal solo valen las palabras que están escoltadas de pruebas”, subrayó.
