¿PUNTAPIÉ A LA OEA?

Por Luis Gonzales Posada.

 

resulta indispensable que los comisionados de la OEA atiendan a los representantes de los medios de comunicación, víctimas de una agresiva campaña de demolición de dirigentes del régimen. Insultos, empellones, amenazas y cierra puertas son algunos hechos demostrables

 

Hoy domingo, la misión diplomática designada por el Consejo Permanente de la OEA, inicia sus actividades en nuestro país. Lo hace en circunstancias que el Premier Aníbal Torres, en lugar de crear un ambiente de distensión, ha hecho cuestión de confianza sobre un proyecto que deroga la ley 31399, la cual establece que no pueden ser sometidas a consulta popular materias no aprobadas previamente por la mayoría absoluta de miembros del Poder Legislativo, dispositivo avalado por el Tribunal Constitucional.

La maniobra tracalera de Torres busca la censura del Gabinete y, con ello, que el presidente pueda disolver el Parlamento; la respuesta del Legislativo ha sido no autorizar el viaje del mandatario a México, porque resultaría incomprensible que salga del país en medio de una crisis de la gravedad que padecemos. Mayor enredo corrosivo, imposible.

Estos episodios han sido, sin duda, un inicio escabroso para los diplomáticos de la OEA, con un comienzo también confuso porque circuló una agenda falsa soslayando la participación del Ministerio Público, agenda proyectada a los medios por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La duración del trabajo de los comisionados es de escasos dos días, tiempo limitado, insuficiente, para dialogar con un Gobierno que deberá demostrar ser víctima de una nueva modalidad de golpe de estado, conforme denunció el presidente Pedro Castillo en el organismo hemisférico, y con sectores acusados de esa supuesta conspiración delictiva: Congreso de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y medios de comunicación independientes.

Harían bien los comisionados, por tanto, en comenzar su trabajo revisando filmaciones de los Consejos de Ministros descentralizados y de Palacio de Gobierno, donde aleonadas portátiles oficialistas demandan a gritos que cierren el Parlamento, califican de “basura” a la prensa opositora, insultan a la Fiscal de la Nación y reclaman la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mecanismo no contemplado en nuestra carta fundamental; un planteamiento demagógico y efectista que provoca permanente crispación e inestabilidad política.

Asimismo, deberán escuchar las descalificaciones y agravios de parlamentarios y ministros – comenzando con el Premier – contra quienes no se encuentran en su línea política, afectando de esa forma la institucionalidad democrática.

Hacerlo permitirá determinar quiénes apelan a la confrontación y a la violencia, promoviendo el descrédito de organismos que forman parte de un estado constitucional de derecho, que cumplen funciones de acuerdo a sus prerrogativas legales y respetando el debido proceso, que incluye escuchar descargos de personas investigadas, entre otros el jefe de Estado, que reiteradamente se niega a declarar.

También es necesario que conozcan las siete carpetas fiscales, que contienen declaraciones de colaboradores eficaces, testigos protegidos, correos, vídeos y documentos que comprometen al presidente, familiares, ministros y altos funcionarios públicos.

Quedarán sorprendidos, sin duda, al conocer que ese material ha sido proporcionado, en su mayor parte, por allegados y altos funcionarios del régimen, como el defenestrado secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco. Y, desde luego, deberán acceder a los informes de la Contraloría sobre nombramientos de personas incompetentes o con antecedentes penales, así como informarse de las graves irregularidades detectadas en la concesión de obras públicas para favorecer a allegados o familiares de los gobernantes.

Por otro lado, resulta indispensable que los comisionados de la OEA atiendan a los representantes de los medios de comunicación, víctimas de una agresiva campaña de demolición de dirigentes del régimen. Insultos, empellones, amenazas y cierra puertas son algunos hechos demostrables, a lo cual se suma la grave imputación de acusarlos de liderar un plan golpista.